El Congreso de los Diputados dio ayer un paso decisivo para que los inmigrantes no comunitarios puedan participar en las elecciones municipales. La Cámara baja instó por unanimidad a Gobierno a la firma de convenios de reciprocidad con los países de origen que permitan esta participación. Ahora la pelota está en el tejado del Ejecutivo. Sólo cerrando acuerdos con Marruecos, Ecuador, Colombia y otros pocos sería suficiente para que la mayoría de los extranjeros extracomunitarios puedan elegir y ser elegidos como ediles.
La propuesta partió del portavoz de IU Joan Herrera. Era la tercera vez que el diputado catalán lo intentaba. Su proposición no de ley iba mucho más allá de la aprobada finalmente. Instaba al Gobierno a "estudiar las reformas legales necesarias para que los inmigrantes residentes en el Estado español puedan participar en las elecciones municipales".
El texto aprobado finalmente, a través de una enmienda del PSOE, opta por la vía de los convenios de reciprocidad. Podrán votar los extranjeros con cuyos países se firmen convenios que permitan allí el voto de los españoles residentes. Es mucho más compleja y contiene el riesgo de que queden al margen los nacionales de países con regímenes no democráticos, como por ejemplo, los chinos.
SIN REFORMA LEGAL Pero esta vía tiene la doble ventaja de que no es necesario emprender ninguna reforma legal y cuenta con el beneplácito del PP. Este último aspecto era clave. Los socialistas no estaban dispuestos a facilitar un nuevo frente de desgaste a la oposición. "Con la demagogia sufrida con el proceso de regularización ya tuvimos bastante", indicaron fuentes del grupo socialista. El resultado de la votación tiene escasísimos precedentes en una legislatura tan crispada: 309 votos a favor, cero abstenciones y cero votos en contra.
Unos de los diputados más veteranos de la Cámara, Carles Campuzano (CiU), estaba tan satisfecho que parecía que la propuesta la hubiera presentado su grupo. "Hacía muchos años que el Congreso no aprobaba por unanimidad un tema de política de inmigración", celebró. El camino de la reforma legal era, además, casi una ruta sin salida. Para ampliar el derecho a todos los inmigrantes había que reformar el artículo 13.2 de la Constitución que establece precisamente la exigencia de reciprocidad y el PP se niega sistemáticamente a tocar la Carta Magna.
La proposición aprobada ayer no cierra tampoco la puerta a ulteriores modificaciones. También encarga a la Comisión Constitucional la elaboración de un estudio sobre la "medidas necesarias para favorecer la participación de los inmigrantes".
