El ministro del Interior, José Antonio Alonso, anunció ayer la puesta en marcha de un plan para frenar la expansión de las bandas juveniles, tanto latinas como de ideología extremista, que supondrá una mayor presencia policial en sus zonas de actuación.
Se trata de un "fenómeno que va a más y tenemos que ponerle freno", dijo Alonso en rueda de prensa, en la que expuso que el plan tendrá una primera fase de implantación en enero del 2006 y una segunda de desarrollo hasta finales del 2007, prorrogable "si las circunstancias lo exigieran". Los ejes son la confección de planes de información y de mapas de las zonas de riesgo, donde se intensificará la presencia policial y los "dispositivos encubiertos", explicó el ministro, que pidió no vincular las bandas con colegios o institutos "porque actúan en muchos sitios".
Además, se elaborará un protocolo de actuación para las unidades policiales que se ocupan de las bandas, que incluirá la asistencia a sus víctimas, y se coordinará la actuación de las fuerzas de seguridad del Estado con las policías autonómicas y locales.
El programa prevé además un control de la situación administrativa de los delincuentes para aplicarles, en su caso, la ley de Extranjería, que permite la expulsión de los mayores de edad en situación irregular.
En el caso de los menores, que son el 80 por ciento de los integrantes de las bandas de origen latino, Alonso explicó que la Policía buscará la colaboración de la Fiscalía para desvincularlos de las pandillas, y de las comunidades autónomas que puedan tenerlos a su cargo, por ejemplo en centros de internamiento.
El plan incluye, asimismo, una mayor cooperación con Instituciones Penitenciarias para la detección de bandas que puedan gestarse en las cárceles.
Y también prevé un intercambio de información con países iberoamericanos, tanto policial operativa como sobre las "connotaciones culturales y sociológicas" detrás de las bandas latinas, entre las que mencionó a los Latin Kings y los Ñetas como las más implantadas en España.
El ministro manifestó que Interior puede dar una respuesta policial a un fenómeno que requiere otras medidas como las educativas y que de momento está afectando a grandes ciudades como Madrid, Barcelona y a la zona del Levante.
La decisión de Interior sigue a una "preocupación subjetiva creciente de los ciudadanos" que "tiene sentido y responde a una problemática objetiva", como han constatado en los últimos dos años las fuerzas de seguridad del Estado, añadió.
El objetivo es prevenir la aparición o consolidación de pandillas juveniles violentas, tanto latinas como de extrema derecha o izquierda, y si ya están implantadas, lograr su neutralización.
Se trata, explicó Alonso, de bandas con una gran disciplina interna, cuyos miembros tienen entre 12 y 32 años, y que disponen de un "elevado nivel organizativo" que incluye el pago de cuotas para pagar los abogados de quienes son detenidos.
