El Defensor del Pueblo ha abierto una investigación de oficio al objeto de que se clarifique el sistema de facturación de las compañías de móviles "y el usuario pague sólo por los minutos que verdaderamente haya consumido", informó ayer esta institución en una nota.
Por este motivo, la adjunta primera al Defensor del Pueblo, María Luisa Cava de Llano, se ha dirigido al secretario de Estado de Telecomunicaciones y al presidente de la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones "solicitándoles que informen de la exactitud de las referencias aparecidas en prensa, y demás circunstancias concurrentes".
De ser estas últimas ciertas, "la facturación de segundos de conversación que los usuarios no han consumido, supondría el desarrollo por parte de las compañías de telefonía, de una actividad contraria a la Ley 26/1984, de 19 de julio, General para la Defensa de los Consumidores y los Usuarios".
La investigación de oficio abierta por esta institución, se afirmaba ayer en el comunicado, ha tenido lugar ante las recientes noticias difundidas en distintos medios de comunicación, en las que se denuncia el redondeo al alza de las llamadas a móviles.
INGRESOS EXTRA La Federación de Consumidores en Acción (Facua) se felicitó de la investigación abierta por el Defensor del Pueblo y recordó que ya a finales del año pasado, la Federación denunció a 19 operadores de telefonía móvil, fija y por cable por "redondear al alza el precio de las llamadas realizadas desde y hacia móviles con duración inferior a sesenta segundos, de modo que siempre facturan un minuto completo".
En el caso de las tarjetas de prepago, las llamadas de duración superior también se redondean al alza "hasta alcanzar fracciones de treinta segundos", recordaba ayer Facua.
La federación calcula, "sobre la base de estimaciones muy a la baja, que sólo en 2002 Movistar, Amena y Vodafone pudieron aplicar irregularmente estos redondeos a unos 10.000 millones de llamadas, reportándoles ingresos extra de unos 1.175 millones de euros, nada menos que el 20 por ciento de los 5.884 millones que facturaron ese año".
A finales de noviembre del pasado año, esta federación denunció a Amena, Movistar y Vodafone por redondear al alza el precio de unos 10.000 millones de llamadas cada año y poco después, emprendió otra actuación similar contra los operadores de telefonía fija y por cable Telefónica de España, Aló, Auna, BT Ignite, Euskaltel, Jazztel, Ono, R, Retecal, Retena, Reterioja, Spantel, Uni2, Telecable, Telecor y Tele2.
COMO EN LOS PARKINGS Facua recuerda que en octubre pasado el Instituto Nacional del Consumo interpuso una demanda contra las empresas del sector de los aparcamientos por motivos similares y reclama al Gobierno que actúe ahora contra las compañías de telefonía "con la misma contundencia".
