La llegada de Antonio Peñafiel a la comandancia de Albacete, en noviembre del 2001, fue un soplo de aire fresco para los agentes. Pero acabó en un complot de los altos mandos para echarle. Al menos, así lo describió ayer Juan Ignacio López, guardia civil en la reserva y miembro de la Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC). A su juicio, el teniente coronel "se propuso acabar con la arbitrariedad en las órdenes y en el reparto de los ingresos extras (9.000 euros mensuales) por las guardias".

Su versión no tiene nada que ver con la que dio ayer el Ministerio del Interior, cuyo máximo responsable insistió en que el cese sólo tuvo un motivo, su "falta de idoneidad" para ejercer el cargo. El ministro Angel Acebes y el máximo responsable del instituto armado, Santiago López Valdivielso, insistieron en que Peñafiel tenía "desequilibrios" y actuaba de manera "no normal". "Yo mismo --añadió Valdivielso-- solicité que se le retirara el arma y que se le sometiera a un examen psiquiátrico, que aún no está terminado".

Sin embargo, el representante de la AUGC explicó que el antecesor de Peñafiel, José Luis Madero, "repartía el 90% del dinero a los oficiales. A los agentes de base les quedaba la décima parte". Al llegar el nuevo jefe, en noviembre del 2001, todo cambió. Fue entonces cuando, según el representante de la AUGC, comenzó el complot.

El comandante fallecido ayer, Isidoro Turrión, no se llevaba bien con su jefe. De hecho, recibió un aviso de Peñafiel por no haber cumplido la orden de "revistar" 16 cuarteles de la provincia en un periodo de ocho semanas. La amonestación llegó a oídos del general jefe de Castilla-La Mancha, Juan Carlos Rodríguez Búrdalo, que inquirió a Peñafiel sobre el expediente a Turrión.

El ex agente López explicó que "el general Búrdalo se saltó el conducto reglamentario al informarse por Turrión y no por su inmediato inferior, Peñafiel, lo que constituye un delito militar castigado hasta con cárcel".

El comandante de Albacete informó de lo ocurrido a la Dirección General de la Guardia Civil, lo que provocó un ataque contra él. Se le acusó de utilizar a agentes del Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) para vigilancias fuera del ámbito rural cuando, según López, esta medida estaba aprobada.

INFORMES CONTRARIOS

Fue entonces, en noviembre del 2002, cuando se redactaron informes en su contra. Según Peñafiel, el autor de esos escritos fue Turrión. Durante los siguientes tres meses se desencadenó un tira y afloja de acusaciones y desmentidos que culminaron con un expediente por "falta grave" y su destitución por "no idoneidad".

Antonio Peñafiel, que actualmente estaba esperando destino, se afilió a la AUGC y recibió el apoyo de la asociación de familiares de guardias civiles, que recogió firmas para su reincorporación. Los que estuvieron con él los últimos días lo vieron "indignado, pero tranquilo".