El fenómeno iconoclasta que desposeyó a numerosas cofradías cordobesas de su patrimonio artístico, reduciendo a cenizas un legado de siglos, no podría entenderse desligándolo del anticlericalismo, pues sería una lógica consecuencia de éste y vendría a reforzarlo como movimiento político y social que tiene un extenso recorrido en la historia contemporánea de España. De este modo, con diferentes etapas de evolución ideológica que van desde las corrientes ilustradas de finales del siglo XVIII hasta las revoluciones liberales de la centuria siguiente, este fenómeno iría arrastrando recurrentes episodios de violencia que desembocarían en el ambiente hostil de la Segunda República y en la cruel persecución religiosa desatada al comienzo de la Guerra Civil española. Ambos capítulos constituyen una tragedia sin precedentes en la historia europea contemporánea.
Pero para conocer con más exactitud la situación de partida, convendría tener en cuenta los datos que figuran en el anuario estadístico de 1931. En el inicio de la Segunda República, España contaba con 20.000 religiosos, 60.000 monjas y 35.000 sacerdotes. El número de comunidades religiosas estaba muy próximo a las 5.000, de las que aproximadamente un millar eran masculinas y el resto femeninas. A pesar de estas cifras, dos tercios de los españoles se declaraban no practicantes. Por citar un solo ejemplo, el sacerdote jesuita Francisco Javier Peiró afirmaba que ese mismo año tan solo el 5% de la población de Castilla la Nueva había cumplido con sus deberes pascuales.
Las elecciones del 14 de abril supondrían un revulsivo para la sociedad española, que habría de notarse también en el ámbito religioso. Sin embargo, el proceso de laicización del país se desarrolló de una manera virulenta que daba inicio con una serie de hechos vandálicos producidos cuando apenas había transcurrido un mes de la llegada del nuevo régimen. La quema de conventos de mayo de 1931 podría considerarse además como el inicio de una etapa de persecución y prohibiciones de las celebraciones de Semana Santa y, por ende, de las cofradías penitenciales cuya intensidad no se había conocido hasta entonces.
En el libro tercero de cabildos de la cofradía baenense de la Vera Cruz y Santo Cristo de la Sangre, el cuadrillero de la 7ª de judíos de la cola blanca, Miguel Fuentes del Río, relataba el efecto que tuvo la proclamación de la Segunda República en las cofradías pasionales: "El entusiasmo por el nuevo régimen, la forma acomodaticia de entender muchos la República, concepto que estimaban antagónico con la Iglesia y que después confirmaron por desgracia los hechos, trajo como natural consecuencia una dispersión general en las filas de todas las hermandades (…) Solo el tiempo o los desengaños de los hombres conseguiría rehacer lo que el huracán humano revolucionario acababa de barrer".
Pastoral colectiva
El 1 de enero de 1932 aparecía publicada en el diario Abc la Pastoral Colectiva del Episcopado Español, dictando normas sobre la actitud que habrían de mantener los católicos ante la constitución del nuevo régimen, pero eso no evitaría que en los dos primeros meses del año se llevase a cabo la supresión de la Compañía de Jesús y la incautación de sus bienes, a la que siguió la polémica orden del 6 de febrero en la que se disponía la retirada de los crucifijos e imágenes religiosas de las escuelas.
En esta ocasión, el rechazo a las disposiciones gubernamentales estaría protagonizado por las asociaciones de padres católicos que mediante telegramas elevarían sus protestas ante las más altas instituciones del Estado. Apenas un mes más tarde, el 11 de marzo, la asignatura de religión sería suprimida en los colegios públicos y numerosos ayuntamientos aparecerían en los titulares de la prensa por haber actuado de manera arbitraria en contra de las tradiciones religiosas más enraizadas de sus pueblos.
Uno de los hechos más significativos ocurría en la localidad onubense de Almonte, donde el vecindario se amotinó obligando al gobierno municipal a restituir un retablo con la Virgen del Rocío que habían ordenado quitar el consistorio. En esta misma línea también se producirían incidentes en la provincia cordobesa, tal y como se desprende de la crónica publicada en El Defensor de Córdoba el 25 de febrero de 1932 haciendo referencia a la controvertida fama que en Castro del Río había cosechado el concejal, más tarde alcalde, Pedro Martínez García. El motivo no fue otro que el de eliminar las imágenes religiosas existentes en la fachada del ayuntamiento y en la vía pública, algo que dio origen a un fuerte debate e incluso a la ocupación de las Casas Consistoriales por parte de un nutrido grupo de personas, sobre todo mujeres, que obligaron a tomar una decisión intermedia retirando solo las primeras.
En otras poblaciones cercanas, la polémica religiosa suscitada en el Congreso de la Nación se reflejaría también en la prensa local debido a las intervenciones de determinados concejales. En este sentido, con anterioridad incluso al debate que habría de celebrarse en las Cortes, el periódico egabrense El Popular hacía referencia en su número del 2 de septiembre de 1931 a la polémica surgida en torno a las palabras de un edil con respecto a las celebraciones de la Virgen de la Sierra: "(…) un concejal ofende los más puros sentimientos egabrenses".
Durante la Segunda República la batalla religiosa en Cabra llegaría a extremos verdaderamente insospechados, apenas unos meses antes. De este modo, además de las consabidas prohibiciones que en materia de religiosidad pública tendrían lugar en toda la provincia, algunos ediles llegaron a presentar propuestas como la secularización del cementerio, la desaparición de las pilas de agua bendita de las iglesias por considerarlas propagadoras de epidemias y la desinfección de las "urnitas que conteniendo imágenes circulan de casa en casa por constituir un peligro para la sanidad pública".
Por su parte, en Aguilar de la Frontera, tal y como relataba el diario provincial La Voz, el líder socialista local y teniente de alcalde Antonio Cabello, interrumpió un concierto de la Banda Municipal exigiendo que se suspendiese "(…) con menosprecio del público allí congregado para oírle, y acompañara a la manifestación para proceder al derribo de la pared que separaba el cementerio civil del católico".
Las primeras manifestaciones religiosas que se vieron afectadas por los momentos políticos que se vivían fueron las procesiones del Corpus Christi, siendo necesario el permiso de las autoridades para poder celebrarlas. En Baena saldría convenientemente autorizada de Santa María la Mayor sin que se registrase ningún incidente ni siquiera cuando el cortejo, nutrido en su totalidad de mujeres, pasó junto a la Casa del Pueblo donde se había congregado un gran número de obreros. Sin embargo, en Cabra, el alcalde accidental Francisco Leyva, no solo no la autorizaba, sino que mediante un bando se recordaba al vecindario "la obligatoriedad de asistir a las escuelas los niños inscritos en las mismas", así como "la necesidad de que el comercio permanezca abierto durante las horas correspondientes a todo el día laborable, a fin de que no se obstrucione al obrero la adquisición de artículos (…)".
En Montilla, donde algunos miembros de la Corporación Municipal ya habían solicitado en el pleno incluso la supresión de las órdenes religiosas, el alcalde rogó al arcipreste que, ante la amenaza de desórdenes, no saliese la procesión a la calle, aunque dada su negativa, se vio en la necesidad de recurrir al conde de la Cortina para que intercediese y se suspendiera, como finalmente ocurrió.
La hostilidad hacia las cofradías y las manifestaciones religioso-populares eran cada vez mayores, dándose el caso de la prohibición del toque de tambor en Baena o de la imposición de multas en Aguilar de la Frontera a los vecinos que adornasen sus fachadas con colgaduras en la fiesta del Sagrado Corazón de Jesús que coincidía con una huelga de campesinos. Las autoridades locales se veían presionadas por grupos cuyas posturas contrarias eran cada vez más enconadas y si en el caso baenense los cuadrilleros de judíos elaboraron un manifiesto donde eludían las responsabilidades que cargaba sobre ellos el bando de prohibición del alcalde: "(…) caiga toda ella sobre los que la provocan, nunca sobre los que queremos evitarla".
En Aguilar era el primer edil, José María León, quien, en un escrito enviado al Gobierno Civil en 1934, minimizaba la gravedad del problema surgido con las colgaduras de los balcones: "De este hecho se ha pretendido hacer cuestión política local, atribuyéndome preocupaciones de orden sectario totalmente alejadas de mi ánimo, siendo la mayor prueba de ello que las minúsculas multas puestas, todas de cinco pesetas, fueron totalmente condonadas".
En cualquier caso, lo que evidencian todas estas situaciones es que el anticlericalismo y el ataque a las manifestaciones religiosas promovidas por las cofradías iba a ser una constante durante todo el periodo republicano, llegando a su punto álgido en la primavera de 1936 y primera semana del conflicto bélico cuando se produjo un ataque iconoclasta generalizado. Queda patente que entre los graves problemas de orden público que se produjeron durante el gobierno del Frente Popular hubo muchos tipos de violencias donde las de tipo anticlerical tuvieron un papel muy destacado.
La violencia anticlerical entre el 17 de febrero y el 16 de junio de 1936 se resume de la siguiente manera: edificios religiosos incendiados, parcial o totalmente, 325; edificios religiosos asaltados y/o saqueados, 416; otros atentados y conatos de incendio y asalto contra edificios religiosos, 129; derribo y/o destrucción de otros monumentos religiosos, 56; agresiones a personal religioso, 31. En total, los actos de violencia ascendían a 957.
Los últimos episodios de esta índole que se dan en la provincia antes del estallido de la contienda tendrán lugar el 20 de febrero en Aguilar de la Frontera y Palma del Río. En el primero de los casos, fue asaltado el convento de las carmelitas, entre otros disturbios e incendios, mientras que en el segundo se incendió parcialmente un convento a la vez que asaltaba otro (con la consiguiente huida del personal religioso) y se provocaban graves daños en las imágenes sagradas de dos iglesias.
El 6 de marzo, el diario Abc daba cuenta como un día antes había sido derribada una cruz monumental en Espejo, donde además se asaltó y saqueó una ermita. Finalmente, ese mismo mes se produciría un nuevo asalto, en esta ocasión en la iglesia parroquial de La Coronada (Fuente Obejuna), donde se quemaron las imágenes y objetos de culto. En ningún caso se encontraron culpables ni se depuró responsabilidad alguna.
La destrucción del patrimonio
Si desde el inicio del periodo republicano se había iniciado una escalada de violencia anticlerical y el patrimonio artístico de las cofradías se había visto seriamente amenazado, el alzamiento militar del 18 de julio y los primeros momentos del conflicto bélico desencadenaron una ola destructiva como no se había vivido hasta entonces. Es cierto que los enfrentamientos bélicos son probablemente la causa más importante de desperfectos en el patrimonio arquitectónico y artístico, y la Guerra Civil española no fue una excepción.
Sin embargo, para conocer el verdadero alcance de los hechos se debería comenzar desde el principio y para ello debemos situarnos en la tarde noche del 11 de mayo de 1931, cuando a tenor de los sucesos que habían ocurrido el día anterior en Madrid y que se extendieron por Málaga, Valencia, Alicante, Sevilla, Cádiz, Granada y otras localidades de estas últimas provincias, Córdoba fue escenario de un tumulto que se saldó con la quema del convento de carmelitas descalzos de San Cayetano, la muerte de cuatro personas y las heridas de otras trece.
Todo comenzó en la plaza de Las Tendillas, cuando un grupo de manifestantes, que había sido disuelto previamente, se dirigió al convento de San Cayetano, incendiándolo, a la vez que era asaltada la Armería Sport, en la calle Claudio Marcelo, con claras intenciones de enfrentarse a la fuerza pública. Los militares ocuparon el centro y los barrios de San Agustín y Santa Marina, protegiendo los edificios religiosos sobre los que pesaban las teas incendiarias. Se produjeron las primeras bajas entre los obreros y el Gobierno reaccionó destituyendo de manera fulminante al coronel de la Guardia Civil el mismo 12 de mayo.
Por su parte, el Ayuntamiento costeó el entierro de los cuatro fallecidos, señalando a elementos derechistas desestabilizadores como responsables de los ataques. Así se desprende del bando que publicó el alcalde Eloy Vaquero, donde se afirmaba que "(…) el Gobierno republicano ha ordenado registros en aquellos edificios donde la mirada recelosa del Pueblo cree vislumbrar los taimados aprestos de la reacción contra los derechos ciudadanos".
También El Socialista se sumaba a esta tesis indicando, incluso, que los edificios religiosos eran verdaderos arsenales desde donde se atacaba a los manifestantes: "La reacción ha visto ya que el pueblo está dispuesto a no tolerar. Han ardido los conventos: ésa es la respuesta de la demagogia popular a la demagogia derechista".
Aun así, desde el punto de vista patrimonial, Córdoba no sufrió las enormes pérdidas que sufrieron otras ciudades andaluzas como Málaga, pero la mecha incendiaria ya había prendido y la voz de intelectuales que en sus inicios impulsaron la República, como Marañón y Ortega y Gasset, definía lo que estaba ocurriendo y parecía premonitorio de lo que desde ese momento sucedería: "Quemar conventos e iglesias no demuestra ni verdadero celo republicano ni espíritu de avanzada, sino más bien un fetichismo primitivo o criminal que lleva lo mismo a adorar las cosas materiales que a destruirlas".
El 8 de julio de 1931, Mundo Gráfico publicaba varias fotos con nuevos incendios (aparentemente casuales) en lugares tan distantes como La Coruña y Córdoba: ardía la iglesia parroquial de Villa del Río y se destruía con ello gran parte de su patrimonio cofrade.
El miedo se extiende
Apenas había transcurrido un mes desde la proclamación del nuevo régimen cuando los sucesos que acabarían conociéndose como la Quema de conventos desencadenaron una fuerte sensación de inseguridad en los establecimientos religiosos de la provincia. De este modo, las monjas carmelitas de Aguilar de la Frontera abandonaron su convento durante varios días para unirse a la comunidad que regentaba el Hospital de la Caridad y las del colegio del Espíritu Santo de Baena hicieron lo propio, alojándose en domicilios particulares a pesar de que este hecho provocó duras críticas de algunos dirigentes socialistas que, el 14 de mayo, se expresaban de manera airada en el semanario local La Defensa: "La medida no puede ser más infame. Si en nuestro ánimo hubiese estado perseguir a las monjas lo mismo lo habríamos conseguido nuestro objetivo dirigiendo el ataque contra los conventos que contra los domicilios particulares en los que se albergaban. Pero los reaccionarios han desconocido, una vez más, la psicología de este gran pueblo laborioso, y lejos de halagarlo han intentado provocarlo nuevamente con su desconfianza".
También las cofradías comenzaron a temer por sus bienes y, si en algunos lugares como Cabra se crea una guardia cívica con el objeto de impedir ataques incendiarios, en otros como la capital se trasladarían imágenes y enseres a domicilios de hermanos o personas de confianza. Así aparece reflejado en actas como las de la hermandad de las Angustias, cuyos titulares fueron trasladados de la iglesia de San Agustín al domicilio de una de las camareras donde permanecerían hasta el mes de enero de 1932: "Se acuerda constar en acta el agradecimiento de la hermandad a doña Josefa García Martínez, dama camarera, con motivo de los disturbios ocurridos cuando la quema de conventos, tuvo en su casa las imágenes titulares de esta cofradía hasta el 10 de enero pasado".
La hermandad de los Dolores tomó la determinación de depositar las alhajas de su titular en la sucursal del Banco de España, mientras que otras organizaban guardias nocturnas para proteger las iglesias en las que tenía su sede. Los sacos de arena sobre las ventanas y los cubos de agua en las capillas y altares ofrecían una dramática imagen de los que podía ocurrir durante la noche.
Incendio de la iglesia de Doña Mencía
Tras estos primeros estallidos iconoclastas, especialmente contra lugares de culto cofrade, una aparente vuelta a la normalidad propició el que en muchas localidades que celebraban con procesión el día 14 de septiembre (Exaltación de la Cruz o Día de Jesús, como popularmente es conocido) se llevarán a cabo los distintos preparativos. Ese fue el caso de Doña Mencía, donde en la tarde del día 13 se vistió a la imagen del Nazareno con la "túnica del milagro" para el desfile procesional del día siguiente.
Los actos lúdicos, entre los que se encontraba una corrida de novillos, también estaban organizados y, aunque las circunstancias no eran las más favorables, todo parecía indicar que las fiestas se llevarían a cabo como en otros años. Sin embargo, a altas horas de la madrugada, el rector de la parroquia, don Juan Navas Barba, fue avisado de que la iglesia se encontraba en llamas y era imposible acceder a su interior por las elevadas temperaturas y la densa humareda. El periódico El Defensor de Córdoba fue el primero en realizar la crónica del que por su magnitud y efectos se convertía en el mayor atentado que hasta entonces se había perpetrado contra el patrimonio religioso de la provincia: "Ardían todos los altares y del suelo brotaban las llamas".
También la revista católica La Hormiga de Oro publicaba el 22 de septiembre una fotografía en cuyo pie se indicaba: "La iglesia parroquial de Nuestra Señora de la Consolación, de Doña Mencía, joya del siglo XV, que acaba de ser incendiada por la tea revolucionaria. Entre los tesoros destruidos figura un magnífico retablo valorado en dos millones de pesetas". La devastación fue casi total y así se refleja en los dos telegramas que el párroco remitió al obispo de la diócesis: "Con gran pena participo a VS incendio Parroquia en la madrugada de hoy sin esperanzas de ser sofocado".
"Ampliando telefonema anterior, solo he podido salvar archivo y la mayor parte de alhajas, ropa y vasos sagrados. Todo lo existente interior Iglesia destruyó incendio", se indica. Desde el primer momento del incendio, el juzgado de Cabra instruyó diligencias y de Madrid se desplazaron policías especializados para llevar a cabo la investigación. Sin embargo, el resultado fue nulo y no se hallaron culpables pese a que en la localidad era ampliamente conocida la implicación de varios de sus vecinos.
El martirio de las imágenes
En los municipios de la provincia donde fracasó la sublevación militar o no logró un total domino en un primer momento, los comités revolucionarios integrados por representantes de los partidos del Frente Popular y de organizaciones sindicales como la CNT, proclamaron el comunismo libertario con la consabida supresión del dinero y de la propiedad privada, la creación de una junta de abastecimiento y el no menos ataque a las iglesias y destrucción de las imágenes y objetos de culto.
Una señal inequívoca de que a un pueblo había llegado la revolución era el observar sus templos incendiados. Así ocurrió cuando un grupo de milicianos jiennenses acusó de fascistas a los vecinos de la aldea baenense de Albendín porque ya en pleno mes de agosto del 36 aún no habían quemado las imágenes de la iglesia. Ni que decir tiene que ellos mismos se encargaron de hacerlo y en la pira desaparecieron la Virgen que le daba titularidad, la de los Dolores y el Nazareno.
Entre el 22 y el 27 de julio en Baena fueron asaltadas e incendiadas las iglesias de Santa María la Mayor, Santa Marina, Espíritu Santo, Madre de Dios y San Bartolomé. De ellas, las tres primeras lo fueron totalmente, al igual que el convento de las dominicas, siendo parcialmente las dos restantes. La valoración económica que realizó el Ayuntamiento a instancias de la Comisión del Tesoro Artístico ascendió a varios millones de pesetas, siendo el Monasterio de Madre de Dios el que acumuló mayores pérdidas junto a la parroquial de Santa María. La Dolorosa de la iglesia Mayor, la de San Bartolomé, el Crucificado y el yacente de la Virgen de las Angustias de la misma parroquia, así como la totalidad de las imágenes de la cofradía de la Vera Cruz, establecida en Santa Marina, desaparecieron por completo.
La ermita de la Vera Cruz de Puente Genil fue asaltada, desapareciendo, entre otras, la imagen de Jesús Preso, de gran mérito artístico. Las cofradías pontanas no sufrieron graves pérdidas salvo la diadema de oro de Nuestra Señora de los Dolores, que desapareció en el saqueo y posterior incendio de la casa del cofrade mayor, donde se guardaba.
En Montemayor, las imágenes de Jesús Nazareno, Virgen de los Dolores, Verónica, Magdalena, San Juan y Cristo Yacente fueron quemadas el 24 de julio, mientras que en Castro del Río, Espejo, Cañete de las Torres, Valenzuela, Bujalance, El Carpio, Hinojosa del Duque, Villanueva de Córdoba o Palma del Río, por citar algunos ejemplos, acabarían destruidas sus imágenes de mayor fervor, entre ellas las del Nazareno.
En Montoro, el 19 de julio sería asaltada la iglesia del Carmen por un grupo de milicianos de Jaén que destruyeron parte de sus retablos e imágenes, entre ellas la Virgen de la Soledad que, no obstante, podría ser recuperada más tarde. Sin embargo, sería el día 24 cuando se generalizó la ola destructiva y en la plaza de España se quemaron numerosos bienes muebles tanto de la parroquia de San Bartolomé, como de la desaparecida ermita de San Roque y de Santa Ana. Otras fueron arrastradas hasta el Puente Mayor y arrojadas al Guadalquivir.
En la iglesia de San Juan de Letrán se destruyeron las cinco tallas que procesionaban en la mañana del Viernes Santo, entre ellas la de Jesús Nazareno. Sobre esta venerada imagen y las de la Virgen de los Dolores, San Juan Evangelista, María Magdalena y la Verónica se ejerció una especial furia destructiva que pudo apreciarse también en otros puntos de la provincia, donde las de mayor fervor popular eran arrastradas por las calles, mutiladas, utilizadas como blancos de puntería y colocadas en actitudes grotescas en lo que fue considerado como un verdadero martirio de las imágenes.
Así se desprende también del acta notarial firmada el 17 de septiembre de 1936 en la que el superior de los franciscanos de Puente Genil, padre Camarzana Galende, declaraba: "En la planta baja del Convento en un salón de estudio próximo a la portería, se encuentran las imágenes de la iglesia en número de doce, las cuales están destruidas, faltándoles a la mayoría las cabezas y existiendo también restos de otras, como son manos, brazos y pies". La propaganda franquista se encargó de difundir ampliamente estos hechos desde los primeros momentos de la guerra.
Los intentos de protección
Desde los primeros momentos del conflicto bélico se produjeron en la retaguardia republicana ataques contra el patrimonio de la Iglesia y otros bienes de propiedad privada. En ese sentido, los principales problemas que tuvieron que enfrentar las autoridades gubernamentales para frenar la destrucción de la riqueza artística española fueron la devastación del patrimonio artístico de la Iglesia y la incautación indiscriminada de las colecciones privadas por parte de las organizaciones obreras. A ellos habría que añadir el mercado negro de obras de arte y antigüedades y los bombardeos sobre los centros urbanos que, en localidades como Espejo, provocaron nuevos daños en su ya de por sí castigado patrimonio.
Pero, al igual que hubo grupos organizados que se dedicaron al saqueo, también los hubo que se volcaron en protegerlo. Mediante carteles, inicialmente realizados a mano, tiras ilustradas, folletos y mensajes radiados, la Junta de Cultura Histórica y del Tesoro Artístico desarrolló una labor pedagógica enfocada a evitar la destrucción de los bienes culturales. Ejemplo de estos lemas pueden ser: "No veas en una imagen religiosa más que el arte, ayuda a conservarla", o "¡¡Ciudadano!! No destruyas ningún dibujo ni grabado antiguo, consérvalo para el tesoro nacional".
Ante el peligro que las acciones bélicas suponían para la conservación del conjunto patrimonial español, el Gobierno de la República, a través de la Dirección General de Bellas Artes, creó el 23 de julio de 1936 la Junta del Tesoro Artístico que desde el 2 de agosto comenzó a llamarse Junta de Incautación y Protección del Tesoro Artístico, cuya transformación progresiva derivó en un sistema de juntas destinado a ocuparse de la protección del patrimonio en las zonas bajo su control. Sin embargo, y sobre todo en cuanto a bienes de la Iglesia se refiere, el daño era ya irreparable en la mayor parte del territorio peninsular puesto que la primera semana de la guerra supuso la total destrucción de numerosísimos templos con sus correspondientes archivos y colecciones de pintura, escultura, orfebrería y otros elementos patrimoniales.
Medidas preventivas
En la mayoría de los pueblos cordobeses, la medida más eficaz que pudo llevarse a cabo para preservar estos bienes fue la preventiva, que ya se había puesto en práctica en mayo de 1931 y que había consistido esencialmente en la ocultación y traslado a lugares más seguros como sería el caso del lienzo del Señor del Retiro, una de las piezas artísticas más destacadas del convento de las carmelitas de Aguilar de la Frontera, que se llevó a la capilla de un domicilio particular en la calle Moralejo.
En Puente Genil, la imagen de la patrona, la Virgen de la Concepción, se salvó del incendio, por la previsora gestión de su camarera, que en la noche del día 23 de julio consiguió que la sacasen del santuario por la casa de la santería y envuelta en un mantón, simulando llevar a un niño enfermo, la trasladasen a su domicilio, donde la ocultaron en un colchón de la cama de su madre enferma, único lugar que no registraron cuando grupos de milicianos accedieron a la casa buscando la imagen.
Túnicas, mantos, coronas, cruces y otros elementos propios del ajuar de las cofradías pudieron salvarse por estar custodiados, como era costumbre, en las casas de sus respectivas camareras y mayordomos o en dependencias de edificios contiguos que no fueron afectados por las llamas. Ejemplos de ello serían las ropas de procesión de las imágenes pertenecientes a la cofradía de la Vera Cruz que guardaban las Hijas de la Caridad de Baena, o la ingeniosa treta para ocultar el Nazareno de Pozoblanco, ideada por el administrador del hospital, consistente en retrasar la imagen al fondo del camarín, levantando ante ella un tabique sobre el que colocó una sábana para que pasase desapercibido, como así ocurrió hasta el final de la contienda.
Esta práctica se dio también en otros lugares como la aldea de El Palomar (Puente Genil), donde la Virgen del Rosario que se veneraba en la ermita de Santa Ana fue ocultada en un pajar cuya entrada también se tabicó.
Lo que se pudo salvar
El patrimonio artístico de la provincia de Córdoba tuvo a lo largo de la Segunda República y durante la Guerra Civil una suerte desigual. Los mayores daños en el patrimonio artístico se produjeron en la provincia, aunque hubo municipios en los que no hubo incendios. Es el caso de poblaciones como Lucena, Cabra, Priego de Córdoba o Montilla; tampoco hubo que lamentar pérdidas en otras más pequeñas como Zuheros, Luque o Carcabuey, por citar algunos casos.
En la mayoría de las ocasiones se debió al triunfo inmediato del bando sublevado, en otras a la previsión de las hermandades o de personas próximas a ellas, que ocultaron las piezas más destacadas en sus propios domicilios e, incluso, a la superstición y casualidad como fue el caso de parroquia de la Purificación en Puente Genil, que se salvó de los destrozos por un hecho puramente fortuito. Cuando los milicianos que entraron en la iglesia con intención de incendiarla se dirigieron a la capilla del Sagrario, la imagen del Sagrado Corazón de Jesús que derribaron del altar con unas cuerdas cayó delante de ellos de pie, lo que fue motivo suficiente para que sintiesen miedo y se marchasen a otra iglesia. La ermita de la Caridad, frente al Ayuntamiento, no sufrió daño alguno por estar destinada a biblioteca y de la Vera Cruz pudo salvarse el Señor de la Columna, al que para ocultarlo la santera le serró las piernas.
En Montoro, del rico ajuar de la cofradía del Nazareno quedaron totalmente destruidas las potencias y la valiosa cruz de plata. Sin embargo, la antigua túnica del Señor, la saya y manto que la Virgen de los Dolores poseía desde 1783 y el corazón de esmeraldas de la misma imagen pudieron salvarse por ser bienes de fácil traslado y ocultación.
También se han conservado otras pequeñas piezas y restos de imágenes que algunas personas devotas rescataban de las hogueras. Así ocurrió con uno de los ángeles pasionistas que acompañaban a Jesús Preso en Puente Genil, sacado de las mismas llamas por una señora cuya familia aún hoy lo conserva.
Muchos restos de imágenes estuvieron abandonados durante bastante tiempo en las ruinas de las iglesias, como fue el caso de la Soledad de Montoro, cuyo hallazgo fue narrado en un poema por Joaquín Román Molina, aportando detalles que bien podrían trasladarse a otros tantos lugares de la geografía cordobesa donde ocurrieron hechos similares. Lleva por título Soledad y describe: "La Virgen bella, de rostro perdido y recuperado entre los escombros de una iglesia por un niño montoreño". El poema dice: "(…) yo quise que tu rostro fuese mío./ Y te quise robar en mi pobreza,/ pero venció el deber al desvarío/ devolviendo a mi pueblo tu grandeza".
De la Virgen de las Angustias, la gran joya del patrimonio barroco de Montoro, tan sólo se salvó una de sus manos que hoy se muestra en la ermita de San Sebastián, como en la parroquial de San Bartolomé de Baena se venera también una imagen de igual advocación que durante más de medio siglo se dio por destruida en el incendio que sufrió la iglesia cuando en realidad el deteriorado busto de la imagen fue regalado por el párroco a un devoto que lo mantuvo en su poder hasta fechas recientes, en que lo devolvió restaurado al templo donde se veneraba.
Aun así, muchos elementos patrimoniales sufrieron graves daños por las condiciones en las que tuvieron que ocultarse o bien por haber sido sustraídos y recuperados en distintos momentos de la contienda o después de ella. La cruz de plata del Nazareno de Palma del Río, que en el verano de 1940 aparece hecha pedazos en el cuartel de la Guardia Civil, es un buen ejemplo de ello.
El balance final
Según escribió en una de sus obras el historiador Javier Tussell, en España se destruyeron durante la contienda 20.000 iglesias, entre ellas varias catedrales, incluyendo en la mayoría de los casos su patrimonio artístico y sus archivos. A estas habría que añadir las que fueron asaltadas, incendiadas o incluso demolidas durante la Segunda República. En Cataluña, por ejemplo, a finales de agosto de 1936 eran suficientemente explícitas las palabras del presidente de la Generalitat, Lluís Companys, cuando a preguntas de una periodista de L’Oeuvre declaraba sobre la posibilidad de reanudar el culto católico: "(...) este problema no se plantea siquiera, porque todas las iglesias han sido destruidas".
Esta incomparable destrucción del patrimonio que se llevó a cabo durante la Segunda República y la Guerra Civil provocaría reacciones en todo el mundo, apareciendo numerosos escritos que, como el publicado en 1938 por la revista francesa de tendencia liberal L’Ilustration, calificaban los hechos que se habían producido como una auténtica persecución religiosa: "El carácter religioso de esta persecución ha desencadenado un vandalismo destructivo hacia las obras de arte. La degradación, la mutilación, la profanación no se deben a la acción de la guerra. Se trata de obras de arte que en su totalidad han sido convertidas de manera voluntaria, sistemática, en escombros, a pesar de que no eran objetivos militares".
