El documento abierto en defensa del sector de cítricos, llamado «Análisis de la situación del sector de la naranja», aprobado por la corporación municipal palmeña el pasado año, suma un programa de actuaciones para mejorar las prácticas laborales en la contratación o subcontratación de empresas para labores agrícolas.
Esta nueva aportación, presentada por el alcalde, José Antonio Ruiz Almenara, que contó con la aprobación de todo el arco plenario, PSOE, PP, IULV-CA, grupo Andalucista y Ahora Palma, plantea mejorar la transparencia del sistema, dar seguridad jurídica y garantizar los derechos de los trabajadores, agricultores y empresarios. Ruiz Almenara explica que surge tras reuniones con el inspector jefe de Andalucía y la directora de la Tesorería de la Seguridad Social de la Junta de Andalucía, técnicos, instituciones y sindicatos, y tras comprobar la cantidad de intermediarios que existen en las labores de la recolección.
El alcalde manifiesta que existe una gran diversidad de tipología de empresas que actúan en la contratación de trabajadores eventuales del campo. Señala que hay ETT que dan garantías, y otras empresas que actúan sin un control apropiado para garantizar la seguridad jurídica a empresas, agriculturas y derechos de los trabajadores, llega a afirmar que «parecen cesiones de tragbajadores, se trata de controlar esa actuación».
En este punto, el nuevo documento de trabajo señala se para en el artículo 43 del Estatuto de los Trabajadores.
Sobre las actuaciones a realizar por la Inspección de Trabajo, plantea elementos de control para la contración, como que los empresarios que contraten o subcontraten con otros la realización de obras o servicios, comprueben la afiliación y alta en la Seguridad Social, objetivo y duración del contrato, medidas de prevención de riesgos laborales. También se plantea, incorporar a los planes de inspección la realización de acciones de control en un período posterior a la realización de los trabajos agrícolas .
El papel de los sindicatos también aparece con convenios que mejoren la transparencia del sistema para el control, concretar el coordinador o delegado comarcal acreditado para poder personase en los centros de trabajo e introducir en los convenios la fórmula de pago.
Sobre las actuaciones por parte de la Tesorería General de la Seguridad Social, se plantea que se dé de alta a los trabajadores y se cotice al inicio de la jornada laboral, estudiar la posibilidad de implantar un talonario de justificaciones compuesto de matriz y justficante a modo del trabajador afiliado. Se pide al Gobierno Central, declaración de los agricultores por ingresos y gastos reales, y no por módulos, que un equpo del Plan de lucha contra el empleo irregular y el fraude a la Seguridad Social estudie el problema en el Valle del Guadalquivir,
A la Junta, se le pide estudiar la posibilidad de emitir un certificado de profesionalidad en el campo y a los ayuntamientos crear agencia de colocación.
