Los trabajadores del campo, recolectores de la campaña de la naranja, han celebrado una huelga paralizando el sector del 10 al 14 de enero con una movilización laboral que ha denunciando incumplimientos en el convenio del campo, desvelando "casos de delincuencia laboral, prácticas abusivas empresariales y situaciones de explotación", y han puesto el foco en un problema estructural del tejido citrícola que atraviesa una severa crisis de rentabilidad que para trabajadores, empresarios e instituciones requiere un plan que mejore la productividad desde la concentración de la oferta, conseguir para la zona todo el valor añadido y diseñar una estrategia de canales de comercialización.

La estrategia de los jornaleros ha sido un éxito, según afirman desde el Movimiento de Trabajadores del Bajo Guadalquivir que convocó a la huelga a 10.000 trabajadores: Palma del Río, Hornachuelos, Posadas y los municipios sevillanos de Peñaflor y Lora del Río. Pedro Armada, portavoz del Movimiento, afirma que "hemos demostrado que existe explotación y hemos alcanzado compromisos con la administración que dan respuesta a nuestras reivindicaciones", añadiendo que "ahora lo más importante es el seguimiento y denunciar todo tipo de incumplimientos en las condiciones de trabajo".

El Movimiento de Trabajadores del Bajo Guadalquivir ha contado con el apoyo de la Alcaldía palmeña, que ha servido de interlocutor con la Administración central y autonómica y con el tejido empresarial. El alcalde, José Antonio Ruiz Almenara, puso de manifiesto desde la aparición del movimiento, a principios de diciembre, que "hay actuaciones improcedentes e ilegales" y subrayando la necesidad de ordenar el sector fortaleciendo empresas que den valor añadido.

Los compromisos adquiridos con la Administración autonómica y central ya están en marcha. Por un lado, tras una reunión con el subdelegado del Gobierno, y posterior encuentro con Inspección de Trabajo, ya se ha puesto en marcha un plan especial de inspecciones que se coordinará con los trabajadores a través del Movimiento de Trabajadores del Bajo Guadalquivir. Este plan se revisará el próximo 15 de febrero. El subdelegado del Gobierno, Juan José Primo Jurado, manifiesta que "no se puede criminalizar a los empresarios de Palma del Río. Si hay algún caso concreto en el que se ha actuado mal se actuará legalmente".

Por otro lado, con el Gobierno andaluz, a través de Empleo y la delegación del Gobierno, ya se trabaja en la elaboración de un censo de trabajadores agrarios de recolección para dotar al sector de una bolsa de trabajadores a través del SAE y que los empresarios utilicen esta herramienta de contratación. El delegado provincial de la Consejería de Empleo, Ignacio Expósito, señala que "se ha creado un equipo intermediario que estará en contacto con las empresas para que conozcan los beneficios de contratar a través de las oficinas de empleo, de la bolsa de trabajadores". En la delegación del Gobierno andaluz en Córdoba se acuerda fijar con Agricultura objetivos que mejoren la rentabilidad del sector para que se genere el máximo valor añadido. La convocatoria de un Sercla para dar oficialidad a todos los acuerdos es fundamental para los trabajadores que "ya no confían en declaraciones de buenas intenciones, quieren las cosas por escrito".