La corrupción se viste de privatización

Feijóo afirmó hace pocos días que «es corrupción usar el poder para beneficiar a unos pocos en perjuicio del conjunto». Es una frase impecable. Precisamente por eso debería recordársela a los presidentes y presidentas autonómicos de su propio partido que cada vez que impulsan nuevas privatizaciones en la sanidad y la educación públicas aplican este saqueo sistemático.

Cuando se derivan recursos públicos hacia empresas privadas para gestionar servicios esenciales, el interés general queda subordinado al negocio de unos pocos. Los beneficios empresariales no aparecen por arte de magia: salen, en última instancia, del dinero que aportan todos los contribuyentes. Cada euro destinado a retribuir a accionistas o engrosar márgenes empresariales es un euro que no se invierte en contratar más profesionales, reducir listas de espera, modernizar infraestructuras o reforzar la enseñanza pública.

Garantizar unos servicios públicos fuertes no debería ser una disputa partidista, sino una prioridad de eficiencia, equidad y responsabilidad fiscal. Si el PP sostiene que favorecer a una minoría a costa de la mayoría es una forma de corrupción, debería revisar sus políticas de privatización, que son el mejor ejemplo de esa contradicción al desmantelar el Estado de bienestar para convertir derechos fundamentales en un negocio rentable para muy pocos.