Cuando enfermar depende de tus recursos

Esto no debería importarle a nadie por quién soy yo. Lo importante es que lo que me ha pasado no es excepcional. Le ocurre cada día a quien pide cita por un dolor persistente, a quien lleva días con una otitis, a quien intenta que atiendan a su hijo con fiebre o a quien, simplemente, necesita que alguien le vea cuando algo no va bien.

Hace alrededor de un mes empecé a sufrir un dolor de espalda que fue a más en pocos días. Acudí a urgencias, no una, sino dos veces. La atención fue rápida y correcta en las formas, y conviene dejarlo claro desde el principio: no hubo dejadez por parte de los profesionales sanitarios. El problema no estaba ahí. Resultado: diagnóstico rápido, tratamiento analgésico y de nuevo a casa. Entre medias intenté acceder a mi médico de cabecera. La respuesta fue una cita a casi veinte días vista, además telefónica, con alguien que no me conocía ni tenía mi historia clínica delante (¿os resulta familiar?).

El contraste llegó después. A través de la mutua laboral se me realizó una resonancia en cuestión de horas y el diagnóstico fue claro (hernia discal discapacitante). Cuando ese mismo informe volvió a urgencias (ya van tres), no se tomó ninguna decisión distinta: el tratamiento fue el mismo y la indicación, volver a casa. Más allá de la profesional concreta que me atendió, el sistema siguió funcionando como si no pasara nada.

Y aquí aparece la parte incómoda, la que obliga a mirarse al espejo. Porque el dolor no distingue, y cuando te toca, te toca. Recurrí a un médico privado. Tuve margen y, sobre todo recursos, para buscar una solución y salir de una situación que se estaba volviendo insoportable. Y eso es precisamente lo que me indigna: no mi caso, sino lo que revela.

¿Qué ocurre con quien no puede hacer eso? ¿Con quien no tiene margen para insistir o buscar otra puerta? ¿Con quien tiene que aguantar semanas o meses con dolor mientras espera una llamada que no llega? La sanidad pública no puede depender de la capacidad individual de reacción. Cuando lo hace, deja de cumplir su función esencial.

Cuando el sistema falla así, la consecuencia es conocida: quien puede, recurre puntualmente a lo privado. Yo lo he hecho. No me avergüenzo de ello. Ante una situación límite, tomé una decisión individual para resolver un problema concreto que el sistema público no estaba siendo capaz de resolver en ese momento.

Pero eso no puede ser, bajo ningún concepto, la solución colectiva. Que alguien pueda permitírselo de forma puntual no convierte esa salida en aceptable como modelo. Normalizarlo es peligroso, porque desplaza el problema al individuo, vacía de apoyo social a la sanidad pública y la debilita.

Hay además una reflexión clave. En mi caso, incluso si la atención pública hubiera tardado meses, probablemente habría podido aguantar. Tengo un trabajo estable y cierta red de seguridad. Pero

¿qué ocurre con quien no la tiene? ¿Con quien es autónomo, encadena contratos precarios o no tiene derecho a una baja? Ahí es donde el problema se vuelve mucho más grave.

Por eso, que la sanidad pública funcione no es solo una cuestión de salud. Es una cuestión de seguridad vital. De saber que, si algo te pasa, el Estado va a responder y no te va a dejar caer. Cuando esa seguridad falla, no solo enferma el cuerpo: se resiente la sociedad.

Aquí la reflexión deja de ser personal y se vuelve colectiva. Y también política, porque es claramente ideológica. Gobernar es elegir prioridades, y la sanidad es uno de los espacios donde esas decisiones se notan de forma más directa. Andalucía no puede normalizar listas de espera inasumibles, una atención primaria bloqueada o urgencias sin respaldo suficiente. Eso no ocurre por casualidad: ocurre porque se toman decisiones políticas concretas.

Quizá lo más inquietante sea la sensación de anestesia colectiva. Como si nos estuviéramos acostumbrando a que esto sea lo normal. Como si solo reaccionáramos cuando pasa algo muy grave. El deterioro se cuela poco a poco, por desgaste y por costumbre, mientras seguimos adelante aceptando lo que no debería aceptarse.

Defender lo público no es repetir consignas, es exigir que funcione. Que llegue a tiempo. Que no dependa del dinero ni de la posición de cada cual. Porque cuando la sanidad pública se degrada, no perdemos solo un servicio: perdemos un pilar básico de igualdad. Y eso es inaceptable.

*Ciudadano. Coordinador local de Izquierda Unida en Córdoba