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Opinión | Paso a paso

Techos solos

En Cerro Muriano una casa empieza antes que sus paredes. Empieza en el olor de los pinos al amanecer, en el frío de la sierra, en el saludo de quienes todavía se reconocen por la calle y hasta en la espera del autobús a Córdoba. Por eso la noticia de que la Diputación venderá dos parcelas públicas de la calle General Castaños para levantar unas cincuenta y cinco viviendas protegidas no debería recibirse con el júbilo automático de las cifras ni con el recelo automático de los vecinos. Una casa es un derecho. Pero un barrio es algo más delicado.

La iniciativa responde a una necesidad indiscutible. Hay jóvenes que no pueden emanciparse y familias a las que el alquiler expulsa de cualquier horizonte. Que el suelo público facilite una vivienda es una buena noticia. También lo es que la licitación anuncie criterios sociales, económicos y de calidad, además del precio. Sin embargo, entre entregar una llave y ofrecer un hogar media cuanto rara vez cabe en un pliego: transporte, escuela, atención sanitaria, empleo, convivencia y presencia de las administraciones.

La pregunta no debe ser quiénes vendrán, formulada tantas veces con ese miedo que convierte al desconocido en sospechoso. La pregunta es cómo se hará. Si las viviendas se destinan a familias en situación de exclusión, la obligación pública será aún mayor: acompañar, integrar y evitar que la vulnerabilidad se concentre hasta convertirse en frontera. La pobreza no se corrige cambiándola de código postal. Tampoco se practica la justicia social cuando se agrupan dificultades y se abandona a vecinos antiguos y nuevos a la tarea de entenderse solos.

Aristóteles sabía que la ciudad no es una mera acumulación de casas, sino una comunidad orientada a vivir bien. Cerro Muriano tampoco es una página en blanco ni un solar al que trasladar problemas. Es una barriada con identidad, memoria y servicios limitados, demasiado lejos cuando reclama y demasiado cerca cuando alguien descubre un terreno disponible. Cincuenta y cinco viviendas no son una invasión; pero tampoco una cifra irrelevante para un núcleo de estas dimensiones. Merecen información, participación vecinal y un estudio serio sobre movilidad, servicios y convivencia antes de que entren las excavadoras.

El proyecto puede ser una oportunidad. Puede traer familias jóvenes, devolver niños a las calles, sostener comercios y demostrar que la vivienda protegida no tiene por qué levantar guetos, sino comunidad. Pero la Diputación y el Ayuntamiento deberán construir también lo que no se escritura ante notario: vínculos, recursos y confianza. Porque levantar techos es relativamente fácil. Lo verdaderamente social es conseguir que bajo ellos nadie se sienta arrojado y que alrededor nadie se sienta abandonado. Las casas solo protegen cuando la comunidad no queda desprotegida.

*Mediador y escritor

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