Todo vale

Por ahora, va avanzando la extrema derecha. Su discurso se impone y arrastra a buena parte de los partidos políticos europeos. Expulsar, expulsar y expulsar parece haberse convertido en la consigna. Más controles, más muros, más fortaleza. Mientras tanto, «el Mediterráneo y el Atlántico se convierten en cementerios sin lápidas» para miles de personas ahogadas en la desesperada búsqueda de una vida digna, esa dignidad a la que todo ser humano está llamado, como recordó el papa León XIV hace apenas unas semanas.

La última expresión de este despropósito ha sido la reunión celebrada en Bruselas con representantes del Gobierno talibán para abordar cuestiones migratorias. Una reunión tan incómoda que la propia Unión Europea ha evitado reconocer oficialmente la invitación. Ante ello, el periodista afgano Waliullah Radmani, exiliado desde la caída de Kabul en 2021, advertía: «En Afganistán no hay espacio para las críticas ni para el pensamiento independiente y, si traes a Bruselas a los talibanes, incluso a nivel técnico, les estás dando una especie de impunidad y los legitimas».

Nada menos que veinte Estados miembros de la UE y países asociados al espacio Schengen reclamaron estos contactos el pasado octubre. España fue una de las excepciones, como también lo está siendo frente a las políticas de Donald Trump o Benjamín Netanyahu. Al mismo tiempo, miles de migrantes procedentes de países donde los derechos humanos son vulnerados de forma sistemática están siendo regularizados. No solo por razones humanitarias, sino también porque la economía española necesita su aportación.

La Unión Europea justifica estos contactos alegando un incremento de los «incidentes violentos» protagonizados por ciudadanos afganos, aunque sin aportar datos concretos. Además, sostiene que debe darse prioridad a la expulsión de quienes representen una amenaza para el orden público o la seguridad nacional. La UE parece olvidar que, cuando una persona comete un delito, con independencia de su nacionalidad, los Estados miembros cuentan con instrumentos legales suficientes para sancionarla. ¿Qué se pretende, entonces, con esta puesta en escena?

Resulta difícil no advertir la contradicción. Hablamos de personas que huyeron precisamente de la persecución, la arbitrariedad y la violencia ejercidas por el régimen talibán. Una realidad especialmente cruel para las mujeres y las niñas, privadas de derechos fundamentales y sometidas a una discriminación institucionalizada. Acusarlas ahora, de manera implícita, de constituir una amenaza colectiva revela hasta qué punto el miedo está sustituyendo a los principios.

Amnistía Internacional ha denunciado reiteradamente la grave situación de los derechos humanos en Afganistán, un país sumido en una profunda crisis humanitaria y con millones de personas dependientes de la ayuda internacional.

Nada de esto debería sorprendernos. El pasado 12 de junio comenzó a aplicarse el nuevo Pacto Europeo sobre Migración y Asilo, concebido para reforzar las fronteras exteriores de la Unión y acelerar los procedimientos de retorno mediante acuerdos con terceros países.

La Unión Europea corre el riesgo de dejar de ser una de las pocas referencias internacionales que aún sitúan los derechos humanos en el centro de su actuación. Dicho con palabras de un creyente: «Nadie puede arrodillarse ante el Señor y despreciar al hermano».