Pudor abolido

España ha sustituido la vergüenza por el argumentario, esa forma moderna de perder el alma con papeles membretados. Antes, cuando la Justicia rozaba un despacho público, el inquilino sentía el escalofrío del decoro; hoy se atrinchera en la presunción de inocencia como quien convierte una conquista del Derecho en salvoconducto para seguir repantigado en la poltrona. Pascal advirtió que la costumbre acaba siendo una segunda naturaleza. Nosotros la hemos convertido en segunda absolución.

Conviene repetirlo: dimitir no equivale a confesarse culpable. Dimitir es admitir que la institución pesa más que la biografía, que el cargo no es patrimonio familiar ni botín de trinchera, que la vida pública exige una higiene que no siempre cabe en el Código Penal. Pero España ha abolido esa higiene. La silla se ha vuelto sacramento civil: quien se marcha parece bobo; quien resiste, héroe de facción.

Quevedo, que conocía las cloacas perfumadas de la Corte, habría reconocido este teatro de legajos inflamables: familiares convertidos en problema de Estado, políticos rozados por tribunales, altos funcionarios bajo sospecha y palmeros que llaman persecución a lo que tal vez sea investigación. Cada sumario se traduce al idioma del bando. Si afecta a los nuestros, es fango; si afecta a los otros, justicia bajada del Sinaí.

Y si el tren descarrila, si mueren viajeros, si una red pública muestra sus costuras vencidas, se repite la liturgia de las coronas, los pésames, la comisión y el informe técnico. Luego aparece la frase exculpatoria: el ministro no soldó el raíl. Naturalmente que no. Tampoco un consejero opera ni un alcalde apaga incendios con un cubo. Pero gobernar consiste en responder por aquello que uno no hace con sus manos y, sin embargo, custodia con su autoridad.

Simone Weil sostuvo que antes que los derechos están las obligaciones. Esa idea cae sobre nuestra política como una campana en una plaza vacía. Hemos llenado la vida pública de derechos del gobernante -a defenderse, a explicarse, a resistir- y hemos vaciado sus obligaciones: apartarse cuando su permanencia envenena la institución, dar la cara cuando falla un servicio, callar cuando el dolor ajeno exige algo más que un tuit compungido.

La tragedia española no es que haya investigaciones judiciales, sospechas o accidentes graves. Eso sucede en todas las democracias. La tragedia es haber perdido el reflejo moral que separaba la desgracia del encastillamiento. Un país decente no espera siempre a la sentencia firme para salvar el crédito de sus instituciones; sabe que la legalidad puede absolver lo que la decencia no debería consentir.

España no necesita gobernantes que se proclamen mártires cada vez que los alcanza una sombra. Necesita servidores capaces de decir: quizá no soy culpable, pero mi permanencia daña aquello que juré proteger. Ese día la democracia respirará. Mientras tanto, seguiremos viendo desfilar imputaciones, tragedias y excusas, como quien contempla pasar un tren sin maquinista.

*Mediador y escritor