¿Cómo quiere gobernar el PP?

La acumulación de casos de corrupción que afectan al entorno del Gobierno sitúa al PP en una posición favorable para consolidarse como alternativa. Convertir esa ventaja en una opción de gobierno exige, sin embargo, una estrategia coherente, un proyecto reconocible y capacidad para construir las mayorías que requiere un sistema caracterizado por el pluralismo territorial y parlamentario. Los recientes acuerdos autonómicos con Vox y la evolución del discurso sobre el incremento del censo derivado de la ley de nietos inciden, respectivamente, en esas dos dimensiones.

El intento de Alberto Núñez Feijóo de dar por superada la etapa del procés y normalizar la relación con Catalunya quedó rápidamente matizado por la apelación de José María Aznar a construir una «mayoría nacional». Los acuerdos autonómicos con Vox, culminados con el alcanzado en Andalucía, confirman cuál de esas dos estrategias ha terminado imponiéndose. El caso andaluz resulta significativo porque Juan Manuel Moreno Bonilla había representado la posibilidad de gobernar desde una posición de mayor autonomía respecto a Vox. La incorporación de parte de su agenda, especialmente en materia migratoria, refleja hasta qué punto la necesidad de asegurar la investidura condiciona hoy la estrategia del Partido Popular. La reiteración de estos acuerdos reduce, además, el margen para reconstruir la interlocución con los nacionalismos periféricos moderados, actores que durante décadas contribuyeron a la formación de mayorías parlamentarias.

La posición sobre la denominada ley de nietos, incorporada a la Ley de Memoria Democrática para facilitar el acceso a la nacionalidad de los descendientes de quienes abandonaron España durante la Guerra Civil y la dictadura, plantea un problema distinto. Exigir transparencia sobre la tramitación de las solicitudes forma parte de la función de control de la oposición. Distinto es convertir el incremento del censo en un motivo de sospecha sobre el proceso electoral, cuando el propio PP había defendido históricamente la ampliación del acceso a la nacionalidad para esos mismos colectivos. En ese contexto, la propuesta de Isabel Díaz Ayuso de solicitar observadores internacionales incorpora un marco de desconfianza hacia el proceso electoral poco habitual en democracias consolidadas.

Ambos episodios responden a una misma lógica. La dependencia de Vox reduce la capacidad del PP para ampliar sus potenciales alianzas, mientras que la introducción de dudas sobre la integridad del proceso electoral resulta incompatible con un partido con sentido institucional. La polarización y la desconfianza no son nuevos, de hecho vienen caracterizando la dinámica política desde el inicio de la legislatura, una tendencia que los escándalos de corrupción no han hecho sino intensificar. Con estos precedentes alimentar ese clima puede resultar rentable a corto plazo, pero difícilmente contribuye a fortalecer las condiciones para una futura gobernabilidad.