Adamuz: cuatro meses de la tragedia

Han transcurrido poco más de cuatro meses desde el accidente ferroviario acaecido en el municipio de Adamuz (Córdoba), que costó la vida a 46 personas y dejó más de 290 heridos. Más allá del impacto humano y social, no cabe duda de que una tragedia de tal magnitud ha abierto un complejo escenario jurídico sobre las consecuencias legales que resultarían exigibles a operadores ferroviarios y gestores de infraestructuras, dependientes en su integridad del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible. Así, el primer paso a seguir en accidentes con resultado de víctimas mortales y heridos, es la apertura de la fase de investigación o instrucción, a fin de determinar la existencia o no de negligencia, imprudencia grave o incumplimiento de la normativa de seguridad ferroviaria, y que actualmente permanece abierta en el Juzgado de Instrucción nº de Montoro (Córdoba). Paralelamente, pero con dudosa cautela, avanza la investigación técnica, aun sin conclusiones finales, sobre una repetida y parece ser, la principal hipótesis como consecuencia del descarrilamiento del tren Iryo: una rotura previa del carril en una soldadura defectuosa, tal y como ha publicado en varias actualizaciones la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios (CIAF), dependiente del Ministerio de Transportes. Tirando de hemeroteca reciente, nuestro querido ministro Óscar Puente, hace escasos meses, osaba manifestar en el Senado lo siguiente: «El ferrocarril vive en España el mejor momento de su historia». ¿Vivía este medio de transporte el mejor momento de su historia cuando el Sindicato de 1 Maquinistas Ferroviarios (SEMAF) pidió cinco meses antes a la tragedia, reducir la velocidad en el tramo en que se produjo el accidente, por el estado de la vía? ¿O quizá estaba viviendo su mejor momento cuando ADIF había registrado veinte fallos en la vía de Adamuz desde el año 2022, y siete fallos desde su renovación en el mes de mayo de 2025? Quizá sea una simple y bien avenida casualidad que la empresa a la que se adjudicó un millonario contrato para ejecutar los trabajos de renovación de la vía en el tramo de Adamuz, ha estado implicada en las investigaciones llevadas a cabo en uno de los tan numerosos casos de corrupción que asolan al Gobierno del PSOE en estos momentos, como es el «Caso Koldo». ¿Influiría la intachable renovación de la vía por esta empresa en el mejor momento por que se encuentra el ferrocarril en nuestro país? Ironías aparte, lo cierto es que el paso del tiempo está pasando una agónica factura a todas aquellas víctimas, las cuales, a través de la Asociación de Víctimas del Descarrilamiento de Adamuz (AVDA), no han cesado en reclamar medidas urgentes y un mayor mantenimiento en la red ferroviaria española para evitar otro trágico accidente, así como, las correspondientes dimisiones de cargos políticos y directivos implicados en la tragedia.

Pero, ¿de qué está sirviendo que las víctimas se movilicen reclamando, al menos, una justicia política, si ningún cargo desea presentar su dimisión hasta que no exista una resolución judicial? ¿Es suficiente escudarse en que la investigación sigue, que avanza su curso? No sirve de absolutamente nada cuando todo ello son parapetos que utilizan tanto poder político como empresarial, con un evidente interés en que el tema pierda presencia mediática, y que acabe pasando al olvido colectivo, como ha ocurrido con tantas otras tragedias pasadas.

*Abogada