La privatización del poder

A Zapatero le llamaban «Bambi» por aquello del talante amable, que tan bien personificaba quien fuera presidente del Gobierno español. Pero un olfato tan fino para los negocios lo hace emerger como un lobo con piel de cordero, que se mueve con astucia y precisión entre las redes de poder y las oportunidades económicas. Un expresidente puede trabajar en el sector privado, por supuesto. Pero ¿qué ocurre cuando su pasado institucional se convierte en infraestructura de negocio?

José Luis Rodríguez Zapatero, según las investigaciones judiciales, debía cobrar una comisión -a la que no llamarían comisión para disimular, sino asesoramiento o cualquier otra cosa menos fea- de un 3%, si se hubiera construido el Hard Rock en Tarragona, valorado en 2.000 millones. Al expresidente socialista se le investiga por organización criminal, tráfico de influencias y falsedad en el rescate de la aerolínea Plus Ultra. La compañía recibió una ayuda gubernamental de 53 millones en época del covid sin que, al parecer, cumpliera los requisitos para ello. Una reunión entre Zapatero y José Luis Escrivá, ministro de Sánchez, lo habría facilitado. De momento ya se le han bloqueado cautelarmente los 490.780 € que constan en las cuentas bancarias del expresidente por la «mediación». Y también las de la empresa de sus hijas, que formalmente se dedica al marketing para apoyar las «mediaciones» de su padre, amén de analizar otras compañías ubicadas en países exóticos para distraer el rastro del dinero de origen público.

Hay una ficción muy útil en democracia: la de que el poder termina el día que se abandona el cargo. Pero es mentira. El poder no desaparece; se transforma, se desplaza y, en demasiadas ocasiones, se monetiza. Porque el poder es solo cuestión de acceso. Y un expresidente de Gobierno controla una red de autopistas de poder para acceder a muchísimas oportunidades de negocio. La influencia acumulada. La agenda internacional, los contactos forjados en la cúspide del Estado, la capacidad de llegar a élites políticas y económicas. Ese es el activo real, invisible y decisivo. ¿Estamos ante un problema solo ético? ¿Legal pero bochornoso? ¿Claramente ilegal? Como mínimo, es asimétrico entre quienes acceden al mercado sin red y quienes lo hacen con unos tentáculos construidos en el centro del poder del Estado. La democracia debería ser más exigente, no más complaciente, porque es precisamente ahí donde radica el rendimiento privado y absolutamente antidemocrático del poder.

La sentencia puede constituir un escándalo de consecuencias políticas devastadoras para el PSOE y Pedro Sánchez, pero aun sin el fallo del juez, estamos frente a una alerta democrática. Basta con reconocer la dinámica: el capital político se recicla; el prestigio institucional se convierte en multiplicador económico y el entorno personal o familiar orbita alrededor de esa influencia como si fuera un activo transmisible. Nos preguntamos: ¿quién controla el poder cuando el poder ya no tiene despacho? Nadie. Y lo que no se controla y no se limita, no se evapora, simplemente se privatiza.

*Periodista y psicóloga