De las propuestas a las decisiones

Como expuso un servidor en la anterior tribuna en este periódico, las últimas semanas han servido para poner sobre la mesa un diagnóstico amplio y riguroso sobre la situación económica de Andalucía. Las propuestas empresariales que ha planteado la CEA de cara a la próxima legislatura contribuyen a ordenar el debate e identificar cuáles son los principales retos a los que se enfrenta nuestro tejido productivo, tanto en Córdoba como en el resto de la comunidad autónoma.

Es un paso importante, pero insuficiente. Y digo esto porque si hay algo que caracteriza a la economía actual es que no espera a nadie. Los documentos, por sólidos que sean, tienen valor en la medida en que se traducen en decisiones concretas. Y ahí es donde Andalucía se juega buena parte de su futuro.

Las empresas de nuestra tierra llevan tiempo adaptándose a un entorno cada vez más exigente. Han afrontado cambios tecnológicos, transformaciones en los hábitos de consumo, incrementos de costes y miran atónitos un escenario internacional marcado por la incertidumbre. Lo han hecho con una capacidad de resiliencia extraordinaria y conscientes de que hay límites a cualquier evolución que se afronte. En el sector del comercio sabemos muy bien de lo que estamos hablando y, por eso, el reto pasa por actuar sobre los problemas una vez que ya han sido fijados.

Uno de los ámbitos donde esta necesidad es más que evidente es el de la agilidad administrativa. La simplificación normativa, la reducción de plazos y la claridad en la aplicación de las reglas son demandas determinantes para que una empresa decida invertir, ampliar su actividad o generar empleo. Cuando los procesos se dilatan o la interpretación legal es incierta, la prudencia empresarial se impone. Y esa cautela, en muchas ocasiones, significa estancarse.

A ello se suma la exigencia de reforzar la seguridad jurídica. Las decisiones empresariales se toman con horizontes a medio y largo plazo. Sin un marco estable y previsible, resulta complicado asumir riesgos, comprometer inversiones o desarrollar proyectos de envergadura. Como he dicho en alguna ocasión, Andalucía compite con otros territorios por atraer capital, talento e iniciativas empresariales. Y en esa labor, la confianza es un activo elemental.

Otro aspecto a tener en cuenta es la ejecución palpable de los compromisos inversores por parte de las administraciones. En muchas ocasiones, la planificación se realiza de forma correcta, pero después la capacidad para llevarla a término brilla por su ausencia. Ahí están los informes del Tribunal de Cuentas que, aunque con retraso, cada año sacan los colores a muchas entidades públicas por su escasa diligencia a la hora de materializar sus presupuestos, sobre todo las partidas incluidas en el epígrafe de inversiones reales.

Nuestros gobernantes, y también los técnicos de las administraciones, deben ser conscientes de que infraestructuras estratégicas, proyectos industriales o iniciativas vinculadas a la transición energética requieren de una buena definición, pero también de una gestión eficaz que garantice su puesta en marcha en tiempo y forma. La distancia entre lo previsto y lo ejecutado es un freno al desarrollo.

En este contexto, conviene recordar que la competitividad se construye en el día a día de las empresas, en su capacidad para innovar, adaptarse y para generar empleo y bienestar social. Y esa aptitud está directamente condicionada por el entorno en el que operan los emprendedores. La solución no pasa por reclamar solamente menos exigencias normativas, sino por asegurar que el marco en el que se desarrollan las actividades económicas permita cumplirlas sin frenar el crecimiento.

Andalucía tiene ante sí un desafío. Cuenta con recursos, capacidad y sectores con un gran potencial. Pero para aprovechar esa oportunidad es necesario que las políticas públicas estén alineadas con la realidad económica y social, que faciliten la actividad, reduzcan incertidumbres y que acompañen a quienes generan riqueza y empleo.

Las propuestas empresariales han marcado un camino. Han identificado prioridades, ordenado ideas y plantean una estrategia para el futuro, pero ahora urge dar el siguiente paso. Insisto en que el desarrollo no depende únicamente de lo que se plantea negro sobre blanco en un documento en forma de presupuestos, sino de lo que se ejecuta realmente. Y en ese tránsito, de las propuestas a las decisiones, es donde Andalucía y Córdoba se juegan su capacidad para consolidar un modelo económico más proactivo, sólido y con mayor capacidad de generar oportunidades.