Justicia social

El miércoles pasado lo volvió a recordar la OCDE. Advertía el organismo de que nos toca nueva subida del IRPF al no deflactarse las tarifas. Esto es, al no adaptarse el pago del impuesto a la inflación. Y mientras aparecía la noticia en los titulares de los medios económicos, el Congreso votaba a favor de la deflactación de la tarifa y de transponer la directiva europea que exime a los autónomos del IVA si facturan menos de 85.000 euros. Por supuesto, el PSOE votó en contra.

Ambas medidas afectan de lleno a las clases medias y bajas de nuestro país y van en contra del principio de progresividad fiscal que, se supone, defiende el gobierno. Las dos afectan de lleno a los trabajadores y a los microempresarios y anula la dialéctica política acerca de la la justicia tributaria, tan del gusto del gobierno, de los partidos que lo forman y de los que lo sustentan y apoyan porque viven de la financiación pública. Esto es, del dinero de todos.

Hace mucho tiempo que se ha cruzado la línea de la desafección social al romperse las costuras de la ilusión en un sistema que permita labrarse un futuro con unas mínimas garantías. El presente está en manos de quienes reparten el esfuerzo colectivo entre los pretorianos que defienden una realidad impostada para que, llegado el momento, salgan a las calles a proteger sus privilegios.