Justa y necesaria

España se encuentra en una encrucijada demográfica y social. Mientras las instituciones debaten en los despachos y las sedes de los partidos políticos analizan sus estrategias, en los campos de Huelva, en las cocinas de los restaurantes de Madrid o Málaga y en los hogares de millones de familias que dependen de cuidados domésticos, miles de personas trabajan en la sombra. Se estima que más de 600.000 extranjeros residen en España en situación administrativa irregular, un «limbo» que no solo vulnera sus derechos fundamentales, sino que priva al Estado de una inyección vital de recursos. La regularización de extranjeros es una decisión pragmática y ética, de integrar plenamente a quienes ya forman parte de nosotros.

Es un imperativo moral salir de la invisibilidad. La situación de irregularidad no es solo un problema de papeles, es una condena a la precariedad extrema. «Sin un permiso de residencia, no existes para el sistema», decía un portavoz de Cáritas. Por eso en el año 2023, más de 900 organizaciones impulsaron una Iniciativa Legislativa Popular con más de 600.000 firmas ciudadanas que fue aprobada por la casi totalidad de los grupos parlamentarios del Congreso unos meses más tarde, cuyo último episodio es el Real Decreto aprobado ahora por el Gobierno, con el apoyo de empresarios, patronal y la Iglesia. Profesionalmente intervine en las regularizaciones extraordinarias del gobierno de Aznar en 2000 y 2001 que consiguieron la documentación de 503.000 extranjeros que vivían en España sin papeles, y la del año 2005 de Rodriguez Zapatero que supuso la tarjeta de residencia para 576.000 personas. Países como Italia y Grecia también han llevado a cabo estas regularizaciones en los últimos años. En ningún caso existió «efecto llamada», como de manera recurrente y falaz se argumenta, ya que la migración responde más a crisis en los países de origen y a la demanda laboral en el destino que a cambios legislativos puntuales.

Frente a los discursos que perciben la migración como una carga, los expertos y los estudios de todas las Universidades y Fundaciones coinciden en presentar una realidad distinta. Foessa, el Banco de España, o FUNCAS señalan que la regularización tendrá un impacto positivo en las arcas del Estado, sobre 950 millones anuales, que se suman a lo que aportan los más de 3 millones de migrantes que cotizan en nuestra Seguridad Social. De otro lado, en un país con una de las tasas de natalidad más bajas del mundo y una población envejecida, la entrada de trabajadores jóvenes es fundamental para mantener la pirámide poblacional y la sostenibilidad de las pensiones. Regularizar también permite mejorar la competitividad de las empresas, pues sin ella se empuja a estos ciudadanos a la economía sumergida, donde quedan expuestos a la explotación laboral, salarios por debajo del mínimo legal y la imposibilidad de acceder a servicios básicos de forma plena. Sin olvidar que la mano de obra extranjera mantiene sectores «esenciales» como el agrícola, pilar de las exportaciones españolas, y el sector de los cuidados personales que, sin ellos, colapsarían.

Recordemos, en un acto de tributo a la memoria, a los millones de compatriotas que, antes de ayer, salieron con la maleta de cartón y una dirección en un papel de traza en busca de un futuro lejos de su casa. La regularización no es un acto de caridad, sino como una decisión justa y necesaria. El reconocimiento de una realidad que ya existe en las calles y en los centros de trabajo, de un país que integra a sus nuevos vecinos para construir un futuro común, más justo y sostenible para todos.