Productividad y bienestar

España se enfrenta en los próximos años a un reto de gran alcance vinculado a la evolución de su economía y su demografía, en el que el aumento de la productividad será determinante para sostener el crecimiento y compartir la prosperidad.

El punto de partida, no obstante, no es favorable. Durante décadas, la productividad española ha avanzado por debajo de la media europea (un 0,6% frente al 1,1%), algo que ha quedado disimulado por un incremento del IPC impulsado en gran parte por el aumento de la población vía inmigración, como consecuencia de un modelo lastrado por debilidades persistentes, entre ellas el peso de sectores de bajo valor añadido como el turismo, el predominio de microempresas, una inversión poco productiva, visible en la burbuja inmobiliaria, y una elevada temporalidad que ha limitado el desarrollo del capital humano. De ahí que la economía haya generado empleo, pero sin la misma eficiencia, lo que se traduce en menor competitividad, salarios más contenidos y una menor capacidad recaudatoria para sostener los servicios públicos.

A este diagnóstico se añade el factor demográfico, ya que la jubilación masiva de los baby boomers obligará próximamente a sostener niveles similares -cuando no más elevados- de producción y gasto con menos trabajadores. Sin margen suficiente para aumentar la población activa, la única vía posible es la mejora de la productividad. De lo contrario, el ajuste llegará en forma de menor crecimiento, tensiones fiscales o deterioro de los servicios asociados al bienestar.

En los últimos años, sin embargo, se han producido algunos cambios. Tras la pandemia, la productividad ha repuntado hasta tasas cercanas al 1% anual. Han contribuido a ello una reforma laboral que ha reducido la temporalidad, los fondos europeos y un empleo de mayor cualificación. También se aprecia un leve cambio en el tejido empresarial, con compañías de mayor tamaño y más orientadas al valor añadido. Son avances relevantes, aunque todavía frágiles y desiguales entre sectores productivos.

Persisten, no obstante, debilidades estructurales como la baja inversión en I+D, la fragmentación empresarial o el exceso de burocracia, a las que se añade el desafío de la inteligencia artificial, con un potencial elevado pero aún limitado en su aplicación por factores organizativos y culturales. A ello se suma, además, el riesgo de que las mejoras de productividad no se reflejen en los salarios, con posibles efectos sobre la cohesión social.

España cuenta con oportunidades como los fondos europeos, la digitalización o la transición energética, aunque su aprovechamiento dependerá de la capacidad para reorientar el modelo productivo y mejorar la eficiencia de forma transversal. Para lograrlo, los especialistas coinciden en la necesidad de reforzar la inversión pública y su calidad, reducir las trabas administrativas y apostar de forma decidida por el capital humano, además de adaptar la organización de las empresas para integrar la tecnología de manera efectiva.

Por todo ello, la productividad no es solo un asunto económico, sino una cuestión que exige una decisión colectiva que España no puede eludir, porque aumentar su capacidad de producir más y mejor con menos trabajadores es clave para sostener el Estado del bienestar y evitar ajustes que, de otro modo, acabarían afectando la calidad de vida y a la cohesión social.