¿Escudo social o perjudicial?

La propuesta de decreto anticrisis para congelar los alquileres y alargar obligatoriamente los contratos durante dos años, impulsada por Sumar y avalada por el Gobierno de Pedro Sánchez, no se aprobará inmediatamente en el Congreso. Tanto Junts como el PNV no le darían apoyo. No es solo una cuestión ideológica, sino de efectos sobre el mercado.

El Colegio de Administradores de Fincas de Barcelona-Lleida advierte de que la congelación y la prórroga pueden favorecer a los grandes tenedores. Los contratos antiguos, a menudo firmados a precios más elevados que los actuales índices regulados, se mantendrían dos años más. Esto implica, paradójicamente, consolidar rentas altas.

En cambio, el pequeño propietario -que ha comprado una vivienda como forma de ahorro- es quien sale perjudicado. El propietario perdería la capacidad de recuperar el piso para un hijo o de venderlo cuando lo necesite. Tendría que esperar dos años más, con una clara limitación de sus derechos.

El texto del decreto sobre la vivienda, pues, es una trampa: los grandes tenedores ríen, los pequeños propietarios lloran y las familias pagarían el precio. Este tipo de medidas, además, refuerza un relato inquietante: asimilar el ahorro en vivienda a la especulación y perjudicar así a clases medias y trabajadoras. Otro decreto que incluye rebajar el IVA de los combustibles, ayudas directas a familias vulnerables, apoyo a empresas afectadas por el aumento de los costes energéticos y prórrogas de bonificaciones al transporte y a suministros básicos sí que se aprobará, para hacer frente a los efectos derivados de la guerra en Irán. Hay consenso: proteger a las personas y al tejido económico.

Pedro Sánchez ha aprendido la lección: si dentro de un mismo decreto se mezclan medidas bajo la etiqueta de «escudo social», pero algunas son lesivas para una parte de la ciudadanía, se vota en contra del conjunto. Así pues, Sánchez satisface a Sumar, separa las medidas en dos decretos y se asegura de que iniciativas útiles no se bloqueen.

Regular, sí. Proteger el ahorro de las familias, también.