Cuestión de responsabilidad

Los artículos 44 y 46 de la Constitución española establecen con claridad la titularidad pública del patrimonio histórico, cultural y artístico de los pueblos de España y de los bienes que lo integran, cualquiera que sea su régimen jurídico, así como las responsabilidades de gestión y tutela sobre el mismo por parte de las diversas Administraciones (estatal y autonómica), que deben velar por su conservación, promover su enriquecimiento y potenciar la investigación científica sobre él en beneficio del interés general. Son premisas de enorme importancia, que asumió la Ley de Patrimonio Histórico Español de 1985 y que más tarde haría suyas la Ley de Patrimonio Histórico Andaluz de 1991, repromulgada en 2007, cuyo artículo 4.1 detalla la obligación por parte de dichas administraciones de colaborar entre sí para la defensa, conservación, fomento y difusión del Patrimonio Histórico mediante relaciones recíprocas de plena comunicación, cooperación y asistencia mutua, mientras el 4.2 exige a los municipios

«colaborar activamente en la protección y conservación de los bienes integrantes del Patrimonio Histórico Andaluz que radiquen en su término municipal..., además de realzar y dar a conocer el valor cultural de los mismos».

Esto no ha evitado que en los últimos 50 años hayan sido muchos los desencuentros entre ellas, pero por fortuna esa etapa parece haber pasado y es momento de remar todos a una en beneficio del acervo patrimonial heredado. Por otro lado, el Ayuntamiento de Córdoba cuenta con herramientas normativas suficientes (PGOU, PEPCH, Carta Arqueológica de Riesgo...), vinculadas además a la ejecutoria autonómica, como para que la gestión, protección, conservación e incluso integración del tejido patrimonial excavado no sea un problema. ¿Por qué, entonces, lo es?

Obviamente, no existe una explicación unívoca al respecto. La convivencia entre pasado y presente en cualquier ciudad histórica es difícil por definición; más aún si hablamos de un yacimiento de la categoría de Córdoba ciudad. Se entiende, pues, que los cordobeses en general perciban la arqueología como una rémora; pero esto se debe, entre otras, a tres razones de primordial importancia: de una parte, la ley hace recaer sobre los promotores privados todas las cargas derivadas de la arqueología preventiva y de urgencia; de otra, las administraciones han sido incapaces hasta ahora de generar mecanismos que faciliten las cosas a la ciudadanía, necesitada perentoriamente de una eficaz arqueología de oficio, y finalmente sigue faltando una adecuada planificación, sostenible en el tiempo. Ello explica que a día de hoy continúen las destrucciones de patrimonio y que los escasos restos conservados duerman el sueño de los justos en garajes y sótanos o se dediquen a criar jaramagos cuando se encuentran al aire libre.

Esta cuestión se agrava cuando hablamos de restos arqueológicos construidos con adobe o tapial, como ocurre con las murallas del Alcázar Viejo, parcialmente consolidadas e integradas en uno de los circuitos patrimoniales más hermosos de la ciudad. Sin embargo, la vegetación se las está comiendo, y no hay mechinal que no haya sido colonizado por las palomas, lo que antes o después podría acabar provocando su derrumbe. Urgen, pues, medidas de protección, conservación y restauración, que deberían hacerse extensivas a todos los restos arqueológicos de la ciudad. Mal está destruir lo que la historia nos ha legado, pero peor aún es que lo poco que un día se decidió conservar se caiga a pedazos a los ojos de todos sin que nadie haga nada.

*Catedrático de Arqueología de la Universidad de Córdoba

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