Defender lo que comemos

El campo europeo se mueve, una vez más, y lanza una llamada de alarma a la sociedad. Lo hemos visto en Córdoba hace poco con una tractorada. Hay quienes interpretan esta protesta como un acto irreflexivo o un rechazo visceral a la globalización económica, pero lo que los agricultores y ganadores hacen es denunciar los efectos que tendrán para el continente la firma y próxima implementación del acuerdo de libre mercado entre la Unión Europea y Mercosur (Brasil, Argentina, Paraguay y Uruguay).

Las protestas se han multiplicado en países como Francia, Polonia, Irlanda o Bélgica ante la posibilidad de que la liberalización comercial abra las puertas a importaciones masivas de carne, azúcar o cereales a precios mucho más bajos, simplemente porque se han producido bajo normas sanitarias, ambientales o laborales menos estrictas que las europeas.

Hay quienes sí respaldan este acuerdo y afirman que el campo pretende un proteccionismo ingenuo. En mi opinión, eso es desviar la atención, porque se olvidan del principio elemental de justicia económica para quienes facilitan que podamos comer todos los días productos de calidad, con garantías y sin riesgo para nuestra salud.

Si Europa quiere ser líder en una transición ecológica y social, no puede hacerlo solo dentro de sus fronteras, requiriendo estándares elevados a sus propios agricultores y ganaderos mientras permite que productos que no cumplan esas mismas exigencias entren sin freno en nuestros mercados.

Desde Córdoba, la reivindicación que más se escucha es la de reciprocidad y que los productos que vengan de los países de Mercosur cumplan con las mismas garantías de sanidad, trazabilidad, higiene y respeto ambiental que tenemos aquí. ¿Tan difícil es de entender? Es una demanda justa. Si exigimos medidas al campo para proteger la salud de los consumidores y el entorno, es absurdo permitir que esos principios no valgan para otros que quieren proveernos de alimentos.

Bruselas replica diciendo que ha aprobado unas cláusulas de salvaguarda para proteger el mercado agrícola europeo ante una importación súbita de productos sensibles. Estas medidas permiten, por ejemplo, suspender temporalmente preferencias arancelarias si se detecta daño a los productores europeos e implican controles más estrechos sobre volúmenes y precios.

Sin embargo, estas cláusulas no son garantía de nada, como se ha visto en otros sectores productivos. Además, lo que está en juego es mucho más que cifras de intercambios comerciales. El campo es territorio, empleo, identidad y futuro. Si dejamos caer un sector estratégico, como ya ocurrió con parte de la industria europea frente a China o con el textil (de eso algo sabemos en Córdoba) frente a mercados con costos de producción mucho menores, recuperarlo después será casi imposible.

Cuando una ganadería cierra o una finca deja de producir ante la imposibilidad de competir con importaciones más baratas y estándares más laxos, la pérdida trasciende lo económico. Supone un golpe a la cohesión rural, a la vida en nuestros pueblos, a generaciones que han venido sosteniendo la producción agroalimentaria tradicional.

En este contexto, el papel de las organizaciones agrarias, como Asaja Córdoba, es fundamental. No solo son la vía para canalizar las legítimas quejas de agricultores y ganaderos, sino que también articulan propuestas para demandar una revisión de la estrategia comercial de la UE. Apoyar estas reivindicaciones no significa ir en contra del comercio internacional, sino alertar de lo aprendido en otros sectores para evitar los mismos errores.

Comparto que la Unión Europea debe ser ambiciosa en sus objetivos ecológicos y sociales, pero con coherencia. Respaldar a los agricultores de Córdoba o del resto de países de la Unión frente al acuerdo con Mercosur significa defender un mercado que funcione con justicia, sostenibilidad y respeto por quienes trabajan la tierra cada día.

La UE tiene que exigir reciprocidad en sus acuerdos comerciales. Mismas reglas. Mismos controles. Mismas exigencias. Sin eso, estaremos debilitando nuestra economía productiva y castigando a quienes tienen todavía el arrojo de producir lo que comemos. Merecen nuestro apoyo incondicional.