Redes y menores

Eres lo que publicas. Por eso el anuncio realizado por el Gobierno, siguiendo el ejemplo de otros países, de restringir la edad de acceso de los menores a las redes sociales, plantea la necesidad de regular una situación que afecta a la integridad del menor, al desarrollo de su personalidad, a la protección al honor, a la imagen, a su educación, etc. Con el debate añadido, además, de si el limite de la edad debe ser 14 ó 16, 18 ó 12 años. Desde luego no es un tema fácil en el que necesitamos encontrar un equilibrio entre posiciones maximalistas.

Hay quienes pueden defender que el Estado no debe de entrar a regular estos aspectos que son objeto de las funciones educadoras de los padres. Estos son los que tienen que velar por implementar los controles parentales de los dispositivos, igual que velan para que no consuman determinados productos de libre acceso en el mercado. Para ellos, se trata de una intromisión ilegítima en sus facultades que, si además, no comulgan con la sensibilidad política del gobierno de turno, puede pensarse que se trata de un límite sectario a la libertad de las personas.

Otros, por el contrario, aplauden que se pongan cortapisas a esa libertad, y que por el Estado se exijan requisitos de edad, verificación de acceso, de identidad, y de responsabilidad sobre los contenidos que sean o no aptos para los menores. Al igual que se prohíbe el consumo alcohol o la conducción de un vehículo a un menor. Y reprochan a los padres que, desde muy cortas edades, faciliten dispositivos móviles a sus hijos con todos las aplicaciones y contenidos disponibles. Practica demasiado frecuente en nuestros días.

Necesitamos de la responsabilidad y controles educativos de los padres, pero también de las limitaciones legales que imponga el Estado. La realidad es que existe una sobreexposición de los menores a las redes sociales, a contenidos inadecuados que hoy son de libre acceso y que están creando adicciones y haciendo mucho daño en el desarrollo emocional y madurativo de muchos adolescentes. La privacidad ha muerto. Las nuevas tecnologías van por delante de la regulación legal, y las consultas de los psicólogos están llenas de niños con trastornos de conducta, con falta de habilidades sociales que se refugian en las redes virtuales, pero que no pisan la calle, ni juegan con sus amigos como hicimos antaño en un contexto que no volverá. Las redes sociales tienen su parte positiva evidente, pero reconozcamos que están llenas de contenidos falsos, de perfiles ocultos, de mensajes agresivos o distorsionados, de violencia, de propuestas insidiosas donde, en ocasiones, incluso son alterados los algoritmos para sesgar y manipular la información. Son la nueva plaza pública en la que exponer ideas, trayectorias, cotilleos, noticias y toda clase de información y mercaderías, a la que se puede acceder desde el anonimato más absoluto o la falsedad de un perfil. Es evidente que los dueños de estas plataformas de hacer dinero quieren huir de cualquier regulación o responsabilidad que pueda limitar sus ganancias. Necesitamos proteger a nuestros niños y jóvenes de hoy para proteger a la sociedad del futuro. Pero debemos hacerlo desde el debate sereno, desde las propuestas de los expertos, los profesionales y colectivos que trabajan con esta realidad y, sin duda, desde el consenso social amplio y necesario en una materia de este calado. No sólo regulando el acceso a las redes sociales, sino también a contenidos inapropiados de internet y limitando los tiempos de uso. Es tarea de todos.