El impacto de las bajas laborales

Las cifras, cuando se observan con cierto desafecto, irradian reflexiones que en ocasiones son complicadas de asumir. Es lo que le ha ocurrido a un servidor a la hora de analizar el último informe sobre el absentismo laboral por incapacidad temporal por contingencias comunes en Andalucía. En la provincia de Córdoba y en el conjunto de la comunidad autónoma, las bajas laborales no solo aumentan, sino que se alargan en el tiempo, con un impacto directo sobre la competitividad de las empresas y, por extensión, sobre la economía.

En 2024, las bajas iniciadas para la población protegida por el total del sistema -es decir, sumando entidades gestoras y mutuas- superaron en Andalucía el millón de procesos, con un crecimiento interanual superior al 5%. Y lo preocupante es que no se trata de una oscilación coyuntural. La tendencia es persistente y se refleja con claridad en un dato especialmente revelador, como es que el equivalente a 229.645 trabajadores andaluces no acudió ni un solo día a su puesto de trabajo a lo largo del año por situaciones de este tipo. En Córdoba, esa cifra se sitúa por encima de los 20.000 empleados, cuando en 2020 eran poco más de 14.000.

Este fenómeno tiene varias lecturas. La primera es el coste económico. El análisis estima que la repercusión total de estas bajas en Andalucía supera los 4.300 millones de euros anuales si se suman los costes empresariales y las prestaciones públicas. Para muchas pequeñas y medianas empresas cordobesas -mayoritarias en nuestra economía-, una baja prolongada no es una estadística, sino un problema operativo diario que supone reorganizar turnos, asumir sobrecargas de trabajo o, directamente, renunciar a la actividad y al crecimiento, además de la preocupación lógica por la salud de los trabajadores afectados.

La segunda interpretación es más incómoda y apunta al funcionamiento de nuestro sistema sanitario público. El propio informe resalta factores como la falta de galenos en atención primaria y especializada, la escasez de inspectores y el incremento de las listas de espera. Todo ello configura un laberinto burocrático que retrasa diagnósticos, tratamientos y altas médicas. El resultado es una duración de las bajas sensiblemente superior en Andalucía a la media nacional. En 2024, los procesos finalizados duraron de media más de 52 días en la comunidad, casi diez más que en el conjunto del país.

Conviene ser claros, ya que no se trata de cuestionar el derecho a la protección de la salud de los trabajadores ni de alimentar discursos simplistas sobre el abuso de las bajas médicas. Pero tampoco es razonable asumir como inevitable un sistema que cronifica procesos que podrían resolverse antes con una gestión más ágil y coordinada. El citado estudio apunta que, en patologías traumatológicas, la diferencia de duración entre los procesos gestionados por la sanidad pública y los atendidos por mutuas es de alrededor de un mes. Eso tiene un coste económico y social que hoy está pagando, en gran medida, el tejido empresarial.

Córdoba y Andalucía no pueden permitirse mirar hacia otro lado. Mejorar la coordinación entre la sanidad pública y las mutuas, reforzar los recursos asistenciales y simplificar los procedimientos administrativos va más allá de una simple reivindicación de los emprendedores, sino que supone una necesidad económica de primer orden. Subrayar este problema no es ser alarmista, sino asumir que la sostenibilidad del empleo y la competitividad dependen también de un sistema de bajas médicas eficaz, honesto y razonablemente rápido. Todo ello sin eludir que los empresarios también tenemos la responsabilidad de activar acciones de prevención en seguridad laboral eficientes en los centros de trabajo.

Estos datos exigen decisiones firmes en lugar de gestos grandilocuentes. Y cuanto más se retrasen, mayor será el coste para las empresas, los trabajadores y para una economía andaluza que ya arrastra suficientes debilidades.

*Es presidente de la Federación Provincial del Comercio (Comercio Córdoba), vicepresidente de la Confederación de Empresarios de Córdoba (CECO) y presidente de la Confederación Comercio Andalucía