La baliza como síntoma

Una de las principales debilidades de la acción pública no reside en el diseño de las políticas, sino en la distancia entre la aprobación de las normas y la capacidad administrativa para aplicarlas. El ritmo del calendario político supera con frecuencia la preparación jurídica, técnica y comunicativa, y ese desfase se traduce para el ciudadano en incertidumbre.

Las recientes decisiones de la DGT permiten observar esta disfunción con claridad. En el caso de los patinetes eléctricos, la nueva normativa de seguros equiparó determinados vehículos de movilidad personal a los vehículos a motor, imponiendo la obligación de contar con un seguro de responsabilidad civil. Para que esa obligación fuera viable, era necesario un registro previo de los vehículos. El sistema técnico estaba desarrollado, pero el real decreto que debía darle cobertura legal no llegó a tiempo. El resultado fue una prórroga parcial, sin horizonte definido y con excepciones técnicas difíciles de comprender para el usuario medio, comunicadas cuando el plazo ya estaba venciendo.

La gestión de la baliza V-16 conectada responde a una lógica similar. A pocos días de su obligatoriedad como único sistema legal de señalización de averías, la DGT retiró la homologación a varios modelos previamente certificados por razones administrativas. Aunque se permitió a los compradores seguir utilizándolos hasta el final de su vida útil, la decisión puso de manifiesto una falta de previsión regulatoria y una escasa anticipación de sus efectos sobre el mercado y los consumidores. En este caso, además, la disfunción se ve agravada por la debilidad de la comunicación institucional. Frente a otras campañas con una amplia difusión y un enfoque más persuasivo que informativo, la implantación de la baliza V-16 se ha explicado de forma fragmentaria y técnica, sin una estrategia clara para orientar al conductor. La consecuencia es una obligación inminente sin un conocimiento homogéneo sobre qué dispositivos cumplen la norma ni sobre cómo verificar su homologación.

Pero este patrón no es exclusivo del tráfico. Sin ir más lejos, el aplazamiento del sistema de facturación electrónica Verifactu responde a la misma dinámica: la norma se aprueba, el calendario se anuncia y solo después se reconoce que la administración -en este caso, la Agencia Tributaria- no está preparada para sostenerla en los plazos previstos, al igual que muchos de los administrados.

La consecuencia de estas prácticas no es solo una pérdida puntual de seguridad jurídica, sino un desgaste institucional acumulativo. Cada prórroga improvisada, cada rectificación tardía y cada obligación mal explicada al ciudadano erosionan la credibilidad de la acción regulatoria y debilitan la capacidad del Estado para orientar comportamientos de forma eficaz. Cuando legislar se desvincula de la capacidad administrativa real, la norma deja de cumplir su función de previsibilidad y pasa a ser percibida como una fuente de incertidumbre, generando desconfianza.

*Profesora de Ciencia Política (UV) y miembro del Comité Editorial de El Periódico