Mejor callados

El Ayuntamiento de Córdoba se ha sacado de la manga una instrucción para regular las actividades en las calles bien sean organizadas por sus propios medios, por cofradías o por otro tipo de entidades sociales. Un cajón de sastre donde caben procesiones, ensayos, carpas informativas, desfiles del orgullo y festivales musicales, como si fuesen asuntos análogos por número y afluencia.

El texto viene a ser justo lo contrario de lo que se le ha pedido en la Comisión de Patrimonio de la Junta, por ejemplo, al hilo del Plan de Gestión del Casco Histórico. La Consejería de Cultura reclamó expresamente una planificación razonada de actividades incluyendo aforos, intensidades y normas de uso, que no aparecen en la norma. El gobierno municipal se lo ha pasado vilmente por donde se pasa la toalla a pesar de los custodios del orden que se ponen en otro asuntos, como las energías renovables.

El documento aprobado y en vigor mantiene los vicios de toda la vida en la materia. Obliga, cosa que está muy bien, a presentar la planificación previa a los organizadores con un mes de antelación (hasta un año, en el caso municipal) y dice que el permiso ha de estar concedido 20 días antes, pero permite excepciones a esa norma. De facto, se pueden estar autorizando actividades en la vía pública minutos antes de que se celebren cuando así lo estime un coordinador general, que es un cargo político puesto a dedo por el gobierno municipal.

La instrucción no pone coto a los eventos en la calle (que han proliferado de forma relevante, sobre todo, en el casco creando problemas serios de convivencia), ni establece veto horario a partir del cual hay que dejar descansar a la gente, ni impide el uso de elementos particularmente impactantes (ya no recuerdan los castillos de pirotecnia) o zonas de saturación. Tampoco obliga a nadie a informar -en tiempos de las redes sociales- con suficiente antelación a los vecinos de una zona de que no podrán sacar los coches a la calle, aparcar o pasar con normalidad hasta sus casas. Por supuesto, no hay ninguna obligación de cumplir un horario de paso, lo que permite de hecho cortes que se sabe cuándo empiezan pero no cuándo acaban. Olvídense de razones y criterios para denegar un acto o un mínimo esbozo de régimen sancionador para incumplidores.

La instrucción aprobada por el gobierno municipal del PP es una soberana porquería por los motivos de siempre. Parece que algo cambia, pero en realidad todo sigue igual. Lo mismo que negocian hasta la última tachuela de los veladores, se ve que en este caso se les ha olvidado el debate público de una norma de alto impacto. En estas condiciones, mejor dejar las manos quietas. Si no hay ninguna voluntad de cambiar, sucede como con la frase de Ortega y Gasset: «O se hace literatura o se hace precisión o se calla uno». Y, en este caso, mejor se callan.

*Periodista

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