Álvaro García Ortiz, en el vértigo de la catástrofe

Durante toda su vida profesional Álvaro García Ortiz ha sido muy celoso de su intimidad. Se sabe que está casado –con otra fiscal, casi inevitablemente – y tiene dos hijos. Y poco más. Durante los dos últimos años ha tenido encima una legión de periodistas y fotógrafos. Pero ni un chascarrillo ni una imagen. Algún compañero ha comentado que en realidad “lo que le interesa a Álvaro principalmente en su trabajo” y que “desde muy jovencito” siempre fue introvertido, discreto y circunspecto. Algo de repelente niño Vicente ha conservado con el paso de los años y de los cargos. Rara vez sonríe con naturalidad. Más que sonreír parece estar experimentando una gastritis.

Esta grisácea medianía también le acompaña en su perfil técnico-profesional. ¿Es García Ortiz un mal fiscal general? En absoluto. Respeto, por favor: no es un Leopoldo Torres. Al parecer predominan los que lo valoran positivamente. ¿Es de los mejores entre los que han colocado en la Fiscalía General del Estado? Tampoco exageremos. La breve historia de los Fiscales Generales registra a varios perfiles más sólidos y brillantes. Pero inicialmente al menos la mayoría de sus compañeros –y del Consejo General del Poder Judicial – estimó que estaba perfectamente capacitado para asumir y ejercer el cargo.

Licenciado en Derecho en 1990, a los 22 años, García Ortiz, como muchos de sus compañeros, tardó algún tiempo en tomar una opción, hasta que finalmente se decidió por la carea de fiscal en 1999. Su primer destino fue Menorca, dependiendo del Tribunal Superior de Justicia de las Islas Baleares, A continuación, y nada menos que durante 18 años, trabaja en Galicia, donde intervino en las diligencias previas del caso Prestige, hasta que en 2007 es nombrado fiscal delegado de Medio Ambiente, Urbanismo e Incendios Forestales de la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Galicia. Y desde ahí el gran salto a la Fiscalía General del Estado, a la que se incorpora en 2020 como fiscal de sala jefe de la Secretaría Técnica.

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En sus años gallegos mantuvo también una intensa actividad en el campo de la docencia, impartiendo y a veces coordinando seminarios y másteres. Al mismo tiempo a principios de siglo ingresó en la Unión Progresista de Fiscales y fue su presidente durante dos mandatos consecutivos, entre 2013 y 2017, consiguiendo notoriedad profesional y mediática.

Fue Dolores Delgado, en 2020 fiscal general del Estado, quien promocionó a García Ortiz, algo que el interesado nunca olvidó. Delgado había sido ministra de Justicia en el Gobierno de Pedro Sánchez y nada más cesar saltó a la Fiscalía de Estado, algo que maravilla a cualquiera, menos al Tribunal Supremo, que lo encontró, al menos, admisible. El pupilaje de Dolores Delgado resultaba evidente y García Ortiz estaba en una posición inmejorable para conocer las complejidades de la Fiscalía General de arriba abajo. Y aprovechó el tiempo. Cuando en 2022 es nombrado fiscal general García Ortiz, casi inmediatamente, asciende a Delgado a la máxima categoría, fiscal de Sala togada del Tribunal Supremo, contra la mayoría del Consejo Fiscal. Este nombramiento y otro posterior fue anulado por el Supremo.

García Ortiz, sin duda, es muy progresista, pero tiene una concepción un tanto principesca de la Fiscalía General. Por eso en su actual circunstancia, al borde de ser procesado por el Supremo acusado de revelación de secretos para perjudicar a una adversaria política del PSOE siguiendo – supuestamente – instrucciones del propio Gobierno, García Ortiz no dimite, aunque la imagen y el prestigio institucional de la FGE quede destruida. ¿Acaso dimite un príncipe? ¿Qué más que todo vuele por los aires si sigo mandando en el vértigo de la catástrofe y Sánchez me sonríe y los ministros me palmean la espalda y me tratan como si fuera uno de ellos? Como diría un personaje de Amanece que no es poco, la Fiscalía General del Estado es contingente, pero él es necesario.