La profesión de arqueólogo (IV)

En la novela ‘El hallazgo’, de Pablo Guerra García (Madrid 2012), se puede leer: «El sistema falla. Las empresas tienen los medios necesarios para hacer un trabajo excepcional, pero se ven cegadas por las necesidades de subsistencia. No pasa nada si el cliente es una empresa privada, siempre y cuando se respeten los expedientes. Pero, ¿qué pasa cuando es la propia administración la que no respeta el expediente? Entonces nada se puede hacer. Ni siquiera cuando el arqueólogo profesa una actitud correcta y moral. El sistema no son sólo las leyes. El sistema lo componen también los administradores de la ley y los ejecutores, que son los arqueólogos. Qué difícil es que funcionen todos los engranajes...». La novela evoca con bastante efectividad lo ocurrido con la arqueología en Europa a finales del siglo pasado e inicios del presente, al tiempo que pone en evidencia metafóricamente las deficiencias del sistema. Resulta quizás demasiado teórica, demasiado apegada al argot y los intereses del gremio, demasiado plana, lineal y carente de emociones; sin embargo, párrafos como éste sintetizan a la perfección las claves de un problema que en la ficción transcurre en Gran Bretaña, pero que podría ser extrapolado perfectamente a España y también a Andalucía.

Tal vez como efecto colateral y secundario de lo anterior, y a pesar del proceso intensivo, aunque vano, de profesionalización de la Arqueología que se produce en España desde los años ochenta del pasado siglo, de la mano en buena medida del ‘boom’ inmobiliario, hasta el día de hoy la profesión de arqueólogo sigue sin ser incluida en el catálogo específico del Ministerio de Trabajo. Tampoco existe en España un Colegio Profesional de Arqueólogos ‘sensu stricto’ -graduados, licenciados, másteres y doctores- que ofrezca el marco ético y normativo habitual de derechos y obligaciones, como ocurre, por ejemplo, con arquitectos, ingenieros, veterinarios o médicos, por citar sólo algunas de las profesiones con más prestigio y reconocimiento social. En efecto, los arqueólogos forman simplemente una sección dentro de los colegios de licenciados y doctores en Filosofía y Letras, que en el mejor de los casos han ayudado a fijar una tabla de tarifas y han puesto a su disposición sus servicios técnicos y jurídicos. Esto no quita que la sección cordobesa venga desarrollando desde hace años una labor coordinada y comprometida, con resultados, no obstante, muy desiguales.

La mayor parte de las asociaciones de arqueólogos nacidas en España estas últimas décadas, tan importantes en principio para ese proceso de profesionalización de la arqueología que sigue -y seguirá- sin cuajar, se han desinflado casi por completo. De igual modo, sólo se han firmado escasos convenios colectivos con carácter sectorial, imprescindibles en teoría para garantizar la dignidad en el trabajo y los ítems necesarios para regular la práctica laboral. En algunas comunidades autónomas se ha detectado incluso la paradoja de que, justo cuando más desarrollado estaba el marco legal para la planificación y la arqueología preventiva, las administraciones dieron un paso atrás realmente injustificable, cediendo a las presiones de empresarios y constructores. Y a pesar de ello, no es siquiera imaginable una acción conjunta, superadas aun cuando coyunturalmente las diferencias entre los miembros del colectivo, que se caracteriza por su total ausencia de corporativismo. El problema principal de los arqueólogos españoles no es sólo individual, sino de clase. Donde haya 2 de ellos, habrá al menos 3 opiniones.

*Catedrático de Arqueología de la UCO

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