Tiempo de mecenazgo (I)

El interés recurrente de algunos medios de comunicación sobre el binomio Patrimonio y Mecenazgo contribuye a trasladar a la sociedad la responsabilidad última sobre aspectos que tradicionalmente en España han dependido de lo público; tema polémico donde los haya, si tenemos en cuenta premisas como la actitud displicente (cuando no temeraria) que muchas instituciones adoptan ante los respectivos legados colectivos propiciando así su pérdida irreparable, el concepto cada vez más evidente de que la conservación de lo propio es cosa de todos, o que muchos ciudadanos ya se consideran suficiente esquilmados por el Estado y sus múltiples cargas fiscales como para sentir que tienen además la obligación de un sobreesfuerzo para contribuir a una tarea que debería estar protegida por ley y más que atendida con lo que ya pagan.

Sirva como ejemplo modélico de lo que podría ser, y no es, la iniciativa desarrollada en Italia bajo el lema ‘Art Bonus’ (Mecenati di oggi per l’Italia di domani), que ha recogido en los últimos años cientos de millones de euros donados por ¡casi 50.000 mecenas culturales!, en su mayoría ciudadanos de a pie, que obtienen con sus aportaciones grandes ventajas fiscales. Su puesta en marcha supuso en Italia una verdadera revolución, testimonio de una nueva relación entre ciudadanía y patrimonio, considerado durante demasiado tiempo como propiedad privada por parte de ciertas elites, y ha puesto al país vecino a la cabeza del mecenazgo cultural en Europa, tan importante en momentos de crisis de valores y retracción generalizada de la financiación pública, que ha venido representando la principal -cuando no la única- fuente de ingresos para los trabajos relacionados con el patrimonio y la cultura.

En España las cosas son algo diferentes, aun cuando contamos con ejemplos significativos como el patrocinio de Repsol en Carteia o Cartagena. Se encuadran tales iniciativas en un marco de financiación predominantemente pública, sostenida por el Estado o las Comunidades Autónomas, destinada en particular a proyectos académicos, sistemáticos u «oficiales» y complementada con el apoyo eventual de promotores privados en los campos de la arqueología preventiva y la de urgencia. Los agentes económicos continúan, pues, siendo los mismos, si bien los periodos de crisis suelen retraerlos hasta hacerlos casi desaparecer, limitados sólo a ciertas propuestas consideradas emblemáticas o que, por las razones que sea, gozan de especial favor político. Ahora bien, cabe también la iniciativa privada, y así lo demostraron durante muchos años los casi 300 mecenas que sostuvieron nuestro proyecto de cultura científica Arqueología somos todos, o la familia Sánchez-Ramade al apoyar este mismo año la elaboración y posterior publicación de la obra «Córdoba romana. La ciudad oculta», evidenciando con ello que el mecenazgo cultural es posible en Córdoba.

Conforme avanza el conocimiento, toca reclamar más que nunca el amparo legal y político del patrimonio, que garantice su protección y favorezca su financiación también por vía privada, o por lo menos mixta; siempre, obviamente, bajo el amparo de la Administración competente y responsable. De ahí el recurso a la sociedad, a la que hemos de reclamar que dé un paso adelante y asuma su corresponsabilidad con relación a nuestro acervo colectivo; sin ceder en ningún caso a las exigencias mercantilistas de ciertos agentes, tan características del capitalismo salvaje en el que vivimos; a las veleidades del político de turno y, mucho menos, a la frivolidad o la banalización.

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