Jóvenes que emigran solos

El presidente de Canarias está alertando de la imposibilidad de garantizar los derechos de la infancia migrada por la situación de emergencia que vive el archipiélago y reclama una respuesta urgente para los más de 5.600 menores que han llegado solos a las islas. Siempre hablamos de niños, pero en estas cifras también se incluyen niñas que han llegado solas o mal acompañadas, con algún adulto que no es su tutor legal, en una situación de mayor vulnerabilidad y desprotección. Los medios señalan que casi 200 niñas han llegado a las islas Canarias este año y otras 280 están tuteladas por la comunidad canaria. La mayoría procedentes de Senegal.

El Pacto Canario para la Migración reclama repartir a los menores que han emigrado solos y solas a las islas Canarias por las diferentes comunidades autónomas. Una reivindicación que, las últimas semanas, ha sido una de las noticias más destacadas en relación con el fenómeno migratorio. Y el uso político partidista que diferentes fuerzas políticas han hecho del debate ha desviado la atención de al menos cinco cuestiones clave.

La primera es que no es posible negarse a atender a los niños/niñas que llegan solos: debemos garantizar sus derechos en el marco del Estado de derecho y democrático en el que vivimos, aplicando la Convención de los Derechos de los Niños de Naciones Unidas. La acogida es una obligación del Estado, que debe poder aplicar conjuntamente con las comunidades autónomas.

La segunda cuestión no es menor: el Gobierno canario habla de vulneración de derechos, falta de recursos y personal. ¿Pero cómo se está abordando esta situación, más allá del reparto? Canarias, Ceuta, Melilla y Andalucía son la puerta de entrada a España y Europa, y el Estado y las instituciones europeas deben poder dar respuesta a ello, garantizando los derechos básicos más allá de la lógica del control de fronteras. Otras comunidades son territorios de paso y/o de acogida donde finalmente se establecen los menores, y no todos y todas entran por la frontera sur española. Es necesario abordar el fenómeno en toda su complejidad.

Una tercera reflexión: de nuevo, el discurso está contaminado por palabras como «colapso», «cronificación», «crisis», «drama» e «integración». Sin cuestionar la crítica situación del sistema de acogida canario, es necesario contextualizar los datos estadísticos, dimensionar correctamente los recursos y abordar la planificación necesaria entre todos los agentes sociales implicados. La migración infantil es un fenómeno de carácter estructural que no terminará si no se abordan otras problemáticas políticas, sociales, económicas y culturales.

En cuarto lugar: ¿por qué no se habla más del aumento de las llegadas de las chicas y de la extrema vulnerabilidad que sufren? Son un porcentaje menor, pero no una realidad que ignorar. Cuando hablamos de cifras simplificamos la realidad y deshumanizamos de forma desoladora.

Por último, una quinta cuestión clave a incluir en el debate: solo hablamos de estos niños/niñas cuando el sistema no sabe abordar las problemáticas asociadas a su llegada y los situamos como el problema. El conflicto, la crisis, las situaciones callejeras, el drama invaden el discurso político y social y construyen el imaginario colectivo de la población. Reclamamos su integración, pero no hablamos de la inclusión real de tantos y tantas jóvenes que sí han logrado alcanzar un proyecto migratorio con éxito, formándose y participando del mercado de trabajo a pesar de las dificultades.

En este marco, las entidades sociales tienen un papel clave y un reto muy importante, haciendo mucha pedagogía de la realidad de estos menores, de su labor y de las dificultades existentes para atender sus derechos básicos. La prioridad debería ser garantizar su dignidad. Entidades como la Fundació Pere Tarrés tienen proyectos que trabajan desde la atención especializada para estos jóvenes más allá de los 18 años, acompañándolos en el camino hacia la inclusión real en nuestra sociedad.

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