Opinión | Tribuna abierta

A propósito de la mal llamada «tasa turística»

En un año que se espera récord para el sector turístico vuelve a la escena, como serpiente de verano, la implantación de la mal llamada «tasa turística», por parte de los ayuntamientos, que solicitan de la Junta de Andalucía su regulación normativa, lo cual, como veremos, plantea problemas en nuestro ordenamiento.

Estos últimos, para empezar, están relacionados con la delimitación del tipo de estancias o pernoctaciones que deben de ser gravados. Nos encontramos ante una cuestión crucial, pues si el tributo se limita a las estancias en determinados establecimientos no solo pueden producirse importantes distorsiones en cuanto al modelo turístico, sino incurrirse en una desigualdad seguramente discriminatoria.

¿Es posible su establecimiento por parte de la Comunidad Autónoma de Andalucía, tal y como reclaman los ayuntamientos? Para contestar a esta pregunta es necesario partir de ciertos presupuestos. En primer lugar, esta figura tributaria no se corresponde, técnicamente, con la categoría de tasa, sino que se trata, propiamente, de un impuesto, pues no grava la prestación de servicios o actividades públicas.

Así, no cabe duda de que algunos de estos últimos están relacionados con el turismo, pero nada tienen que ver con las pernoctaciones. Estas son prestadas por los establecimientos, sean o no hoteleros, y suponen una manifestación de riqueza de sus usuarios.

En segundo lugar, cabe plantearse si la comunidad autónoma lo puede establecer ‘ex novo’, como recurso propio de los ayuntamientos. La respuesta es negativa, pues, de conformidad con la Constitución (arts. 133 y 149), la regulación del sistema tributario local corresponde, en exclusiva, al Estado, no pudiendo aquella introducir nuevos ingresos sobre el catálogo previsto en la Ley Reguladora de las Haciendas Locales (LRHL), que es estatal.

¿Ahora bien, podría llevarlo a cabo como un tributo propio y cederlo a los ayuntamientos? A nuestro juicio, la respuesta a este interrogante depende de la forma en que se articule la cesión. Si la recaudación a percibir por cada uno de ellos se calcula en función del punto de conexión que se fije, es decir, de una vinculación del presupuesto del tributo con cada término municipal, la respuesta debe ser negativa. En tal caso, la comunidad estaría creando un nuevo recurso, el del tributo autonómico cedido, no contemplado en la LRHL.

Sin embargo, creemos que esta no es la única forma de configurar la «cesión». También es posible que la comunidad cree el impuesto como propio y que, con el producto obtenido, dote un fondo, objeto de reparto entre los municipios de su ámbito territorial. Ahora bien, los criterios de dicho reparto deberían establecerse con arreglo a parámetros objetivos, tales como los tipos de servicios que hayan de asumir, la población o el esfuerzo fiscal. De esta manera, nos encontraríamos ante una mera participación en los ingresos de la comunidad, expresamente contemplada por la LRHL. Incluso, podría configurarse como un recurso afectado, de manera que los municipios solo pudieran destinarlos a la atención de las infraestructuras turísticas.

De todo lo expuesto cabe dar la bienvenida a los acuerdos, del que se hacían eco las páginas de este periódico, en el sentido en que la Junta de Andalucía, empresarios y ayuntamientos aparcan la idea de la mal llamada «tasa turística», así como la creación de un observatorio para la sostenibilidad en el que se abordarán los impactos que está generando el turismo en la comunidad y cómo resolverlos. Por tanto, sea bienvenido un debate sereno, sin estridencias y abierto al diálogo, partiendo, entre otras cosas, de las ideas anteriores.

*Catedrático de Derecho Financiero y Tributario de la Universidad Complutense

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