Medidas sociales y consolidación fiscal

El propio Pedro Sánchez reconoció en la presentación del nuevo paquete de medidas sociales que la consolidación fiscal, es decir, la reducción del déficit y la deuda pública, es un «deber» para el Gobierno, más aún si este se declara progresista como el suyo, porque de ese saneamiento de las cuentas públicas depende la garantía de poder financiar la sanidad, la educación o las pensiones. Deber o no, se sabe que es una obligación fijada por la Unión Europea, que cree finalizada la crisis por la que se permitió un elevado nivel de gasto público. El «escudo social» le costó al Estado 22.000 millones de euros en 2022 y 15.000 en 2023 y esa es en parte la razón por la que se ha tenido que recortar para 2024, año en que se espera una ralentización económica y en el que se debe reducir el déficit al 3% del PIB y la deuda al menos al 106%. No obstante, el presidente del Gobierno cree compatibles ambos objetivos, la consolidación fiscal y las ayudas sociales. Sería bueno para el país que acertase en su optimismo. Ante ese panorama económico que se vislumbra gris, más las obligaciones fiscales contraídas con la Unión Europea, pero gracias a que la inflación se ha reducido al 3,2% y el precio de la energía se ha moderado, el Ejecutivo ha decidido avanzar hacia una recuperación solo paulatina de los impuestos sobre la electricidad y el gas. Se sube del 5 al 10% el IVA de la luz durante todo el año y, hasta la primavera, el del gas. Esos incrementos permitirán al Estado ir recuperando parte de la recaudación impositiva perdida con las rebajas. Esa es seguramente también la razón que ha llevado a Sánchez a prorrogar los gravámenes a las empresas financieras y energéticas, aunque estas últimas podrán deducir las inversiones en grandes proyectos industriales y en descarbonización.

La decisión de mantener la reducción al 0% del IVA de los alimentos de primera necesidad y al 5% de los del aceite y la pasta es, sin duda, adecuada, dado que la carestía de la cesta de la compra penaliza más a las familias con menos recursos y a las más vulnerables. Pero de nada sirve esa bajada impositiva si no se establecen controles que vigilen que el precio de los alimentos no sube por encima de lo justificable y hasta el momento no se tiene conocimiento de que esas inspecciones se hayan llevado a cabo. Igualmente es justo y necesario el descuento al bono social eléctrico, dirigido a los consumidores con las rentas más bajas. Eso evitará, o al menos ayudará a aliviar, la pobreza energética. Cabe, no obstante, preguntarse si son adecuadas otras medidas que benefician a todos los colectivos sin distinción alguna de rentas, como es el caso de las ayudas al transporte público con la gratuidad de los abonos de Renfe Media Distancia y Cercanías y las subvenciones del 30% a las líneas interurbanas, a las que las comunidades deben aportar un 20% adicional.

Sánchez asegura que la economía española va por «la buena senda» y que muestra «solidez y fortaleza» pese a la incertidumbre del contexto internacional. Puede que el presidente adolezca de un exceso de optimismo, pero ese entusiasmo no debería llevarle a abandonar la prudencia imprescindible para que las cuentas públicas cuadren, sin por ello abandonar, por supuesto, a los más necesitados.

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