Se prevé una semana complicada. La presión no cesa sobre Pedro Sánchez. La negociación con los partidos independentistas para mantenerse en la Moncloa está intrincada. La amnistía a los políticos catalanes condenados por el referéndum ilegal del 1-O se está enrevesando, bien por la contestación social dentro y fuera del PSOE, bien por los excesos de un Puigdemont hambriento de protagonismo. La verdad es que el presidente en funciones tiene tremenda papeleta. Hace unos meses aseguró en reiteradas ocasiones que no concedería ese privilegio por convicción personal y política y porque choca con la Constitución. Negaba cualquier tipo de conversaciones al respecto, se reía de portavoces independentistas catalanes cuando explicaban que después de la reforma del delito de sedición vendría la amnistía y presumía de haber concedido únicamente indultos condicionados en sus últimos 5 años de presidente. Pocos aguantan la hemeroteca y Sánchez no pertenece a ese grupo.
Las elecciones le trajeron, contra todo pronóstico, el regalo de poder reeditar un gobierno progresista con Sumar. Sabía desde el principio que estaría envenenado, pero quizá no midió bien cuán tóxico acabaría resultando. El todavía presidente ha tenido que doblegarse a las exigencias de los independentistas. Primero a las de ERC para traspasarles los trenes de cercanías, condonar el 20% de la deuda de Cataluña con el Estado (15.000 millones de euros) y la controvertida ley de amnistía. Después, Puigdemont giró un poco más la llave para apretarle las tuercas. En el saco del perdón pretendía meter a políticos afines condenados por otro tipo de delitos, como Laura Borràs por corrupción. Las conversaciones han encallado y la investidura se retrasa, pero nada hace pensar que no acaben llegando a buen puerto.
Si todo va como el Ejecutivo planea, esta misma semana se convocará el pleno para investir a Sánchez presidente. El problema no será tanto el pistoletazo de salida como de estabilidad de legislatura y de su propio partido. Los resultados de la votación de los militantes socialistas respecto a sus negociaciones son interesantes. Participó el 63% del censo y el 87% las apoya. En Aragón, fueron de los menos participativos junto a los asturianos: apenas acudió a votar el 51% y el respaldo fue menor al de la media nacional, un 82%. Los catalanes también se desmarcaron, reflejando la complejidad de los efectos de esta ley de amnistía. Ellos, que viven la realidad independentista diariamente: solo 6 de cada 10 afiliados votó y un 85% la apoyó. Cabe subrayar que el porcentaje de abstención fue el más alto del país, un 2,5%. Ni ellos lo ven claro.
*Periodista
