Opinión | Cielo abierto

Abrir la puerta

El derecho a la vivienda digna es un derecho constitucional. Pero también el derecho a la propiedad

Cierras tu puerta y fuera queda el mundo. Hay pocas circunstancias más potentes que puedan generarse a partir de un espacio. Claro que está siempre el universo recurrente de la remembranza: entras en un lugar, en un momento, y te asaltan imágenes danzantes en el mismo escenario, en un tiempo anterior. El yo que eres ahora se descubre observando al yo que fuiste. Esta sensación es poderosa y es una de las causas que nos puede llevar a la necesidad de escribir; aunque tiene que ver con una biografía sentimental. Yo me refiero a otra impresión, en otro orden, pero también intensa, que está enmarcada en nuestra idea de la protección, en el resto de amparo o de cobijo que te ofrece tu sitio cuando llegas. Recuerdo --y puedo asegurar que, en este caso, no hay melancolía-- esa sensación cuando regresé a Madrid, en un vuelo de repatriación, el 31 de marzo de 2020. La T4 desierta y casi a oscuras, los bultos que te acechaban en las sombras, el único taxi en la parada en el que recorrí una ciudad sin nadie. En aquel momento viajabas no sólo con mascarilla, sino con guantes de látex, porque todo era una amenaza. Cuando entré en mi bloque y me situé frente a la puerta del piso, con la llave entre los dedos, pensé: Por favor, que entre bien la llave. Que funcione. Con las calles y mi avenida vacías en medio del confinamiento, y yo llegando directamente del aeropuerto, si, por cualquier causa, la llave no me abría, a ver cómo encontraba un cerrajero. Afortunadamente, la llave entró y la puerta de mi casa se abrió. Cuando la cerré, y volví a echarla, no sólo se quedaba fuera mi propia peripecia personal, sino también el mundo, que en aquellos momentos era el miedo al coronavirus.

Hay unos cuantos momentos importantes en la vida en que es muy importante poder cerrar la puerta al mundo. Básicamente, porque aquello que se queda contigo es tu mundo real: está dentro, y cuentas con ello verdaderamente. Lo que has dejado fuera, ya se irá viendo. Pero lo que está dentro, las fotos con las que cubres tus paredes, tus libros, todos los momentos, la cama que te acoge por la noche, tu lámpara encendida, yo que sé, tu vida, de pronto puede concentrarse en unas pocas cosas. Todas esas cosas, de las que alguna vez prescindirás, por un tiempo medido, forman parte de ti. Y tienen un valor.

Precisamente por eso, y por muchas otras causas, el derecho a la vivienda digna es un derecho constitucional. Pero también lo es el derecho a la propiedad. Comprendo la mirada compasiva que podemos tener cualquiera de nosotros cada vez que se desahucia no sólo a una familia, sino a cualquier persona vulnerable. Pero la carga de proporcionar una vivienda digna, o de intentarlo, a quien la necesita --exactamente, todos nosotros--, en quien no puede caer, es en los particulares. Que el procedimiento exprés que comenzó a aplicarse en 2018, de 4,9 meses, se haya casi doblado hasta los 9,6, es una muestra clara de todo eso. Ya sea por allanamiento o por usurpación (vía penal) o por impago de renta de los inquilinos (vía civil), poner la mayor carga en la actuación de quien ha sido invadido en su propiedad, multiplica por dos esa agresión. Porque cuando alguien roba a alguien a mano armada, por mucha necesidad que tenga, a plena luz del día y con testigos, no por eso culpamos a quien está siendo objeto de ese robo. Y ocupar --okupar-- es robar.

Según los datos del Ministerio del Interior, durante 2022 se presentaron 16.000 denuncias por delitos de allanamiento o de usurpación (cuando la vivienda no está habitada). Según la Plataforma Afectados por la Ocupación, en España son 100.000 viviendas. Con la nueva Ley de Vivienda se ralentiza el procedimiento de expulsión, por lo que se prolonga la vulnerabilidad de los propietarios. Que el Gobierno, que no ha dicho una sola palabra sobre el derecho a la vivienda durante toda la legislatura, quiera lanzarse a morro sobre el voto ante las elecciones, se puede entender. Pero que esa ganancia se sustente sobre los hombros de los propietarios particulares, es directamente un abuso.

Todos tenemos derecho no sólo a abrir las puertas de nuestras viviendas, sino a muchas otras cosas. Y además de derechos, también debemos cumplir unas obligaciones. Que se ayude a quien lo necesite es un fundamento esencial del Estado social y de derecho; pero que se obligue a los ciudadanos a ayudar al personal, a costa de su patrimonio, sólo es propio de estados populistas. Sin seguridad jurídica, abrir la puerta de tu propia casa solamente es un gesto vago.

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