Bien dice el proverbio inglés «no se aprecia el valor del agua hasta que se seca el pozo». No es nuevo el escenario de la sequía que nos persigue y preocupa. Cuentan las crónicas que desde el año 1749 a 1753 se produjo la primera gran sequía de la que se tienen registros, que incluso llegó a secar el río Tormes a la vez que se producían grandes riadas en la cuenca del Guadalquivir. Sin embargo, desde 1944 a 1946 se considera la peor aridez que ha padecido España en estos siglos, hasta el punto de que el río Manzanares desapareció por completo y el Ebro apenas mantuvo caudal. Esas crisis hidrológicas repetidas nos llevaron a ser previsores y construir presas y pantanos para asegurar que el agua llegara a todos los rincones y agricultores como un bien público de acceso libre aunque regulado, siendo nuestro país en el siglo pasado la quinta potencia mundial en recuperación y embalses de agua con 1.226 construcciones en toda España, según la Sociedad Española de Presas y Embalses, con todo el trabajo que ello supone durante años de previsiones, estudios ambientales y de impacto, expropiaciones, proyectos, etc.
Pero este hito comenzó hace unos años a retroceder bajo unos intereses concretos y, a veces, poco explicados. En el año 2021 se demolieron 108 presas en nuestro país, y casi 200 presas, azudes y embalses han desaparecido desde el año 2015. Y esto, después de la última gran seguía que fue de 1991 a 1995 en que los recursos hídricos quedaron por debajo del 20 por ciento. La causa principal de esta nueva política ha sido permitir que los ríos regresen a cauces naturales, por los que la fauna fluvial pueda desplazarse sin el impedimento que suponen estas moles de hormigón como consecuencia inmediata. Y como razón principal, que los fondos de inversión y las grandes compañías internacionales gestionen el agua en el cauce alto de los ríos, para explotarla a través de sus empresas y facturarla al cliente. Es decir, convertir un bien público de primera necesidad en producto de mercado.
Desde luego es un tema complejo, al que se une el aumento y la multiplicación de miles de hectáreas en agricultura de regadío en todo el territorio que necesitan de más agua, o de una inexistente política de trasvases que equilibre los déficits de unas cuencas respecto de otras.
Las novenas y procesiones implorando el agua que ya comienzan a proliferar están muy bien. Y la recomendación de cuidar el grifo de la ducha también resulta fantástica para concienciar a la población. Pero las soluciones van más allá y requieren intervenciones mucho más profundas y duraderas en el tiempo, que cuando superan el ámbito temporal de una legislatura, resultan pospuestas por otros intereses electorales más prácticos. Como en tantas otras cosas como la educación, la política territorial, la exterior o la justicia, es ineludible un gran pacto nacional de Estado sobre materia hidrológica, que de la mano de expertos, de las confederaciones de cuenca, de todas las administraciones, de los partidos políticos, de los agricultores y movimientos sociales, aprueben un libro blanco con nuestras demandas y carencias, y acometan un plan hidrológico nacional sostenible en el tiempo, que ofrezca una respuesta adecuada a la necesidad imperiosa que nos plantea la sequía que padecemos. Está en juego la agricultura, la economía, el turismo y la vida en sí misma. El agua es la fuerza motriz de la naturaleza. Como dice el ensayista, miles de personas han sobrevivido sin amor, pero ninguna sin agua.
** Abogado y mediador
