Cambio climático: ni dilaciones ni trabas

El Grupo Intergubernamental sobre el Cambio Climático (IPCC) acaba de emitir uno de sus insistentes, reiteradamente ignorados y cada vez más acuciantes llamamientos a reaccionar. Su último informe confirma una vez más que incluso en el mejor de los escenarios nos encaminamos a un calentamiento de 1,5º a 2º centígrados que obligará a tomar medidas de mitigación de sus consecuencias, especialmente en las regiones del planeta que sufrirán este fenómeno por encima de la media, como la nuestra. Pero aún más: proyecta que con las actuales medidas de reducción de emisiones nos encaminamos a una horquilla de 3,2 ºC de consecuencias devastadoras. La buena noticia, eso sí, es que aún podemos actuar para evitarlo. Pero ha de ser ahora.

A medida que las exigencias y consecuencias prácticas y concretas de qué significa el abstracto reducir las emisiones se va concretando en forma de iniciativas, renuncias y compromisos a tomar a nivel colectivo y personal, crecen las tentaciones de dilatar la toma de decisiones o de señalar a otro. Otra actividad, otro país, otro sector económico. El informe de los expertos de la ONU advierte de que con la variable del tiempo no podemos jugar. Para evitar que se hagan realidad los peores pronósticos (y los dos grados que cada vez se antojan más difíciles de no alcanzar ya serían lo suficientemente malo) sería necesario incrementar los esfuerzos actuales y hacerlo sin ninguna dilación. El coste tampoco debería ser una excusa: cualquier análisis frío demuestra que el precio a pagar de la inacción es mayor que el de actuar responsablemente y en su momento.  

Además de la reducción inevitable del uso de combustibles fósiles y de materias primas, las medidas de reducción de las emisiones afectan a cada uno de los aspectos de nuestro sistema económico y nuestra vida diaria. En la línea, por ejemplo, del intento de la Unión Europea de obligar a que los fabricantes de equipamiento garanticen la reparación durante un número determinado años, en lugar de caer en el derroche del reemplazo sistemático. Está en juego elegir entre la transición energética, por difícil que asumir que sea, o el decrecimiento de la economía con consecuencias aún peores. Aunque un horizonte de una razonable austeridad en el consumo energético cada vez parece más cercano.

Entre estos problemas a encarar está el de los impactos ambientales locales de la extracción de materias primas y la producción de energías limpias (desde las minas necesarias para hacer realidad las tecnologías necesarias para la electrificación masiva hasta los parques eólicos o solares) frente a sus beneficios globales. Un dilema en el que siempre será necesaria la mitigación de daños pero, también, adoptar una mirada más amplia. El inmovilismo es algo que no nos podemos permitir, tampoco por razones de cálculo político a corto plazo. Decisiones como, por ejemplo, el conjunto de medidas necesario para gestionar la sequía que estamos atravesando y para prepararnos para las que cada vez más a menudo sufriremos, no pueden estar al albur de las conveniencias de un calendario electoral, ni de estrategias parlamentarias, guerras del agua o atajos al diálogo y el consenso. 

Este escenario poco alentador puede tener en la provincia de Córdoba una incidencia muy importante, ya que es una de las zonas que aparece en todas las previsiones entre las más afectadas por la subida de las temperaturas y la reducción de las precipitaciones. Cultivos como la vid o el olivar, pero también ecosistemas como la dehesa, se encuentran entre los que pueden sufrir una mayor incidencia del cambio climático. Por lo pronto, durante este año, la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir viene advirtiendo de la fuerte reducción de las dotaciones de riego en la comunidad autónoma tras acumularse una serie de años de bajas precipitaciones que han reducido a menos del 25,8% el nivel de los embalses en la cuenca y a solo el 19,5% en la provincia de Córdoba.

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