Desiguales y subvencionados

España ha sido en las últimas décadas uno de los países con mayor desigualdad. Entre 2015 y 2019 fue el quinto más desigual de la Unión Europea de 27. En la anterior crisis económica, la peor evolución la registraron las rentas más bajas, y la mejor las más altas, haciéndose cada vez más profunda la brecha entre unos pocos y la mayoría. El grupo de población con rentas medias se ha estado reduciendo, y su peso es hoy menor que hace treinta años e inferior al de los países europeos ricos.

Para una política redistributiva eficaz hay dos principios básicos, la universalización de los servicios públicos esenciales, educación o sanidad, que garantiza la mejor calidad del servicio, y la adjudicación de prestaciones distributivas sólo a aquellos que lo necesiten. El escándalo Ossorio, extendido a Mónica García, muestra una vez más cómo no deben implementarse algunas políticas públicas de café para todos sin importar la renta de los beneficiados. Es un ejemplo a menor escala de la redistribución inversa de la riqueza que tantas veces se practica.

Las grandes empresas tienen exenciones fiscales, tipos reducidos o tributan en residencias más beneficiosas a sus intereses. Las grandes fortunas están en Sicavs y el gran peso de la recaudación lo asumen los trabajadores, autónomos y pequeñas empresas. La brecha de la desigualdad no se va achicando ante una limitada capacidad redistributiva de los impuestos y de las prestaciones. La extensión en estos últimos años de subvenciones directas como en el caso de los carburantes para hacer frente a la crisis energética o la falta de detección en el bono eléctrico para familias numerosas de la variable de ingresos por unidad familiar muestran otra vez que así no se consigue más equidad social. Y dejando a un lado estos dos casos claros de abusos éticos, aunque sean legales, lo importante es que estos bonos sociales lleguen a quien de verdad lo necesiten y puedan acceder con facilidad a su solicitud. No hagamos un calvario administrativo para aquellos que solicitan un ingreso mínimo vital, los 200 euros para hacer frente a la subida de la inflación o el bono energético, pero enfoquemos bien quién es el público objetivo. Es verdad que no todos los problemas sociales se resuelven con lo que algunos llaman despectivamente la España subsidiada, pero las sucesivas crisis han ido descabalgando a muchos que necesitan más de lo ofrecido hasta el momento, aunque el avance en estos últimos cuatro años ha sido significativo. Progresividad en la recaudación y el mismo criterio aplicado a las políticas sociales. No todos somos iguales, no seamos tratados así, es el principio de la inequidad.

*Politóloga

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