Los antitaurinos están de enhorabuena

Apenas cuarenta y ocho horas han separado la manifestación en Córdoba de veintinueve personas -y tres galgos- clamando en pro de la Ley de Bienestar Animal de la sentencia del Tribunal Supremo que anula la exclusión de los espectáculos taurinos del denominado Bono Cultural Joven, en lo que bien pudiera considerarse como una metáfora de los tiempos que nos contemplan.

Allá por el mes de marzo del pasado año, el Gobierno adujo la necesidad de favorecer el acceso a la cultura para establecer un programa de ayuda (400 euros) para jóvenes, a fin de facilitarles el acceso a productos y actividades culturales... excepto espectáculos taurinos. Tan flagrante discriminación ha sido corregida -gracias al recurso presentado por la Fundación Toro de Lidia (FTL)- en virtud de la sentencia dictada por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Alto Tribunal que, de un lado, viene a reconocer expresamente la legitimación activa de la FTL al amparo de sus fines estatutarios que contemplan expresamente la promoción y divulgación de la tauromaquia y el derecho de todos a acceder libremente a todas sus manifestaciones; y de otro, considera injustificada la intencionada preterición de los espectáculos taurinos como actividad cultural. Más allá de la importancia de la ‘ratio decidendi’ de la resolución judicial, en su fundamentación jurídica se contienen dos pronunciamientos de indudable trascendencia. El primero, ya conocido, reafirma a la tauromaquia como patrimonio cultural de España digno de protección «tal y como explica con claridad la exposición de motivos de la Ley 18/2013» y « el Tribunal Constitucional en sus sentencias nº 177/2016 y 134/2018»; y el segundo, novedoso, incide implícitamente en el especial desvalor que reviste cercenar el acceso a la cultura (léase tauromaquia) de los jóvenes, que es «fundamental cuando de la conservación y promoción del patrimonio cultural se trata». Asimismo, se rebaten, con certera concisión, los argumentos esgrimidos por la Abogacía del Estado que, en algún caso, evocan al viejo aforismo ‘excusatio non petita’, ‘accusatio manifesta’, para concluir proclamando la dimensión cultural, histórica y artística de la tauromaquia que la hacen acreedora del reconocimiento legal que ostenta y del que carecen otras actividades.

Acaso resulte ilusorio pensar que este nuevo «varapalo judicial taurino» al Gobierno (y van...) pondrá fin al acoso y derribo emprendido contra la tauromaquia, los profesionales taurinos y aficionados a los toros o, simplemente, los defensores de la libertad, pero indubitado resulta que -en palabras de Victorino Martín, presidente de la FTL- «atacar a la tauromaquia ya no sale gratis». Tentativas prohibicionistas de alcaldes con ínfulas inquisitoriales, funcionarios rayanos en la prevaricación al denegar a los profesionales taurinos las prestaciones por desempleo durante el covid, cobardes injurias proferidas por tuiteros agazapados tras su miserable existencia o la indisimulada aversión hacia todo lo taurino de la vicepresidenta Yolanda Díaz (quien, parafraseando el nombre de su nuevo partido, ha sumado una nueva derrota judicial) han tenido enfrente la encomiable labor de la FTL, convertida por méritos propios en el mejor garante en la protección de la tauromaquia.

La recurrente arbitrariedad de la que hace gala el Gobierno en todo lo concerniente a lo taurino han convertido a los tribunales de justicia en el último bastión en defensa de la libertad, esa facultad natural que a unos nos permite asistir libremente a una corrida de toros... y a otros manifestarse junto con tres galgos y otras veintiocho personas por las calles de Córdoba.

* Abogado. Coordinador de la Fundación Toro de Lidia en Córdoba

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