Sin duda somos personas

La verdad es que así, leído a bocajarro, sí que el artículo 49 de la Constitución merece que le metan mano. «Los poderes públicos realizarán una política de previsión, tratamiento, rehabilitación e integración de los disminuidos físicos, sensoriales y psíquicos, a los que prestarán la atención especializada que requieran y los ampararán especialmente para el disfrute de los derechos que este Título otorga a todos los ciudadanos». Que ciertamente ya fue un logro en su día todo lo que quería defender con estas palabras, pero que hoy en día suena a lo que es: a añejo, a rancio hasta casi rozar cierto desprecio. Y no solo por el término «disminuidos», que si me apuran sería lo de menos. Quizá es mucho más importante lo que señalan expertos juristas, esos que saben bien de lo que hablan y no como un servidor, y que destacan que el artículo concibió ese reconocimiento a la igualdad de los individuos desde un punto de vista asistencial, casi como pasándole a los poderes públicos la magnanimidad de una cierta caridad institucionalizada. Mientras que ahora vemos obvio que los derechos no dependen de que un tercero haga una «política de previsión», y más porque todos somos capazmente discapacitados. Todos a lo largo de nuestras vidas, antes, ahora o después, tendremos las capacidades que nos toque tener.

Así que muy bien que se cambie el artículo si sobre todo se toca el fondo de la cuestión y no se cae en errores que dentro de unas décadas nos avergüencen. Y no es que dude de que el legislador, que está para legislar y hacer las leyes bien. Bueno... más o menos últimamente.

Pero voy más allá planteando que quizá no es buena idea lo de incluir en el nuevo texto constitucional términos como «personas discapacitadas», lo de querer ser tan políticamente correcto que la propia corrección margina. Ojo, que me puedo equivocar, pero ¿por qué usar el término «persona»? ¿Es que hay alguna duda de que es una persona aquel que tiene o no una capacidad distinta? ¿Alguna vez alguien se refiere a un congreso de «personas arquitectas», a un Pleno municipal de «personas concejales», a un acto organizado por «personas peñistas», a una procesión de «personas cofrades», a una intervención de «personas policías», a la renovación en un órgano judicial por «personas magistradas» o a las declaraciones de una «persona política»? ¿A que suena raro?

Ya digo, por segunda vez, que lo mismo me equivoco. Quizá incluyendo más veces la palabra «persona» en la Constitución todo iría mejor y, por ejemplo, se cumpliría el artículo 47 de la Carta Magna que habla del «derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada», todo ello con solo sustituir «los españoles» por «personas españolas». No haría falta en el caso del artículo 56-3, que usa la palabra «persona», aunque no precisamente en términos de igualdad: «La persona del Rey es inviolable», dice.

Pero volvamos al tema que nos ocupa, lo de usar el término «persona» para, a continuación, poner un adjetivo que en el fondo no sería tan peyorativo sin tantos miramientos. A un servidor, a estas alturas y con mis limitaciones, le molestaría que antes de referirse a él o a sus capacidades le llamasen «persona». E insisto, y ya van tres veces, en que puedo estar equivocado y que el que se pasa de incorrecto, por un lado, o de políticamente correcto, por el otro, sea yo. Errar es humano. Eso le pasa a cualquier persona.

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