Lawfare: la ley contra la ley

Desde hace no mucho tiempo se viene utilizado el término inglés ‘lawfare’ -contracción de ‘law’ (ley) y ‘warfare’ (guerra)- para describir una forma de hacer política, o mejor antipolítica, que se emplea para, desde la estructura formal del Estado de Derecho, atacar el funcionamiento normal del mismo con una intención contraria a los propios principios de la justicia.

Sin embargo, el término tuvo un significado originario que es controvertido y surgió en un contexto de estrategia militar referida a una modalidad de guerra híbrida. Su uso se difundió desde 1999 por el general norteamericano Charles Dunlap en su obra ‘Guerra ilimitada’, como un método de guerra no convencional en el que el arma es la ley utilizada para lograr un objetivo militar. Primero, lo consideró un término negativo en el que los supuestos defensores o enemigos -según el punto de vista- de los valores democráticos o los derechos humanos manipulaban el uso de la ley en contra de los Estados Unidos. Con ello se refería, por ejemplo, a organizaciones humanitarias o de defensa de los derechos humanos que denunciaban abusos contra los palestinos o los presos de Guantánamo y que, en su opinión, perjudicaban la imagen de su país. Años después introdujo una nueva línea interpretativa favorable al uso del ‘lawfare’ por los propios Estados Unidos para garantizar su seguridad nacional con la utilización del Derecho internacional para legitimar sus acciones.

El siguiente paso fue su generalización, sobre todo en Iberoamérica, para referirse a un proceso de judicialización de la vida política en el que el poder utiliza la justicia para evitar que determinados candidatos lo alcancen bajo acusaciones de corrupción o traición. Silvina M. Romano lo llama «juristocracia» para referirse al poder de los jueces y su intervención en política, sustanciando por vía judicial lo que en su momento debió revolverse por la vía política.

Para esta autora, el ‘lawfare’ se define como el empleo de instrumentos jurídicos para la persecución política con la intención de destruir al adversario político por la vía judicial. De ese modo, se llega a una situación en la que el aparato judicial se posiciona por encima del poder legislativo y del ejecutivo en favor de los jueces y en perjuicio del equilibrio de poderes. Aquel poder tiende a sustituir a las instancias representativas de la soberanía nacional y se erige en un poder no representativo, ni electivo que pretende sustraerse a todo control bajo el principio de su aparente neutralidad e imparcialidad, a lo que añade su presunto «apoliticismo» y «desideologización». Además, plantea la necesidad de no ser elegidos por el único poder verdaderamente representativo de la soberanía nacional y, en su lugar, proponen la elección de «los jueces por los jueces», cerrando un círculo perverso en el que la voluntad popular nada tiene que decir.

Esto último ya no nos suena ni tan lejano en el tiempo ni ajeno a nuestro país. Ciertamente estos planteamientos se han puesto de manifiesto entre nosotros desde hace poco tiempo y ahora han ocupado de modo central el debate político e institucional. En ese juego, vemos cómo esta guerra jurídica presenta los casos a juzgar más o menos escandalosos en función de la coyuntura política, inhabilita para una opción política lo que antes consideró adecuado para otra y actúa al margen de cualquier principio de justicia disfrazándolo del cumplimiento formal de la ley. Claro está que esta estrategia precisa de unos medios de comunicación y de unas redes sociales que creen opinión y consenso a favor o en contra de determinados adversarios políticos. Se trata de minar o desalentar a dicho adversario en el ámbito de la opinión pública y, en general, en momentos especialmente significativos, hay que eliminar al contrario mediante o el procesamiento judicial o el linchamiento en los medios.

Un paso más ha sido la peligrosa instalación de esta guerra en las instituciones. La importancia que esta estrategia de usar ley contra la ley ha adquirido en la vida política, hace que el control del poder judicial se convierta en un objetivo fundamental por parte de quienes pretenden utilizarlo para conservar o alcanzar el poder y debilitar al adversario. Aunque la ley es clara y exige el cumplimiento por parte de la oposición de su deber para la renovación del gobierno de los jueces y del Tribunal Constitucional, esta utiliza argumentos políticos de variado barniz para negarse a negociar y así impedir perder el control sobre estos órganos judiciales. Se ha perdido el respeto al funcionamiento leal de los mecanismos institucionales fijados por el Estado de Derecho y se ha evidenciado cómo los actores políticos y los judiciales rompen toda posibilidad de consenso, con un perjuicio claro para el prestigio de las instituciones.

En esta utilización espuria del Derecho, con la negación evidente de lo que proclamaba Montesquieu en su obra ‘El espíritu de las leyes’ para que el Derecho fuese el fundamento del gobierno noble de los seres humanos, ganan mucho quienes juegan a destruir la democracia. Sobre todo, si quienes deben defenderla, anteponen sus intereses partidistas a sus obligaciones legales. En este río revuelto, personajes como el exjuez Fernando Presencia, Vox o HazteOir montan una estrategia destinada a interponer querellas por corrupción contra cargos públicos o altas instituciones del Estado, basándose en pruebas prefabricadas o en argumentos de escasa consistencia procesal y, aunque luego son inadmitidas, durante un tiempo los medios y las redes se hacen eco de las querellas y continúan con la erosión institucional en esta especie de ley contra la ley.

Si quienes tienen responsabilidad institucional o aspiran a tenerla se dejan arrastrar, como están haciendo, por el populismo del ‘lawfare’ y destruyen el espíritu de la ley, convirtiéndola en una arma contra sí misma, el propio Estado de Derecho será devorado por uno de sus poderes en perjuicio de toda la sociedad y con consecuencias fatales para la convivencia ciudadana.

*Catedrático. Universidad de Córdoba

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