Opinión | AL PASO

Un tiempo muerto. Solo eso

La principal base del derecho democrático no es la autonomía de la voluntad, sino que ambas partes cumplan lo pactado. Lo digo porque estamos asistiendo en directo y como nunca, a la negociación del estado español con una comunidad autónoma, la catalana, en aras de la conciliación nacional y la paz social. El presidente, literalmente y a riesgo de perder las próximas elecciones, se está partiendo la cara con la oposición, con la opinión pública, con los otros dos poderes del Estado y con millones de personas, o sea, dando todo por Cataluña. Si tiene que traspasar competencias lo hace o lo hará, si tiene que reformar el Código Penal para sacar de la cárcel a los incitadores públicos del referéndum ilegal lo hace o lo hará; y todo lo que haga falta para segar el problema catalán. Pero claro, se supone que, como en los tratos entre caballeros, la otra parte debe cumplir. Y el presidente sigue adelante a pesar de las serias dudas que esto suscita. Lo más delicado, es que tanta indulgencia se está ejecutando a costa del principio de solidaridad, no solo de las demás comunidades autónomas sino del principio de igualdad de los demás condenados. Pues bien, todo este esfuerzo central se podría calificar de muy meritorio si persigue y consigue que España vuelva a ser lo que debe ser: un país fuerte dentro de la Unión Europea. La cuestión que todo esto está por ver. O por no ver, pues no soy optimista en la cuestión porque ellos no han mostrado ni una sola reacción que deje entrever una postura conciliadora. Se podría interpretar que todo este silencio del independentismo en las calles durante el mandato de Pedro Sánchez es una muestra de esa postura conciliadora. Pero permítanme que dude y creo que estamos ante un silencio complaciente porque están consiguiendo despenalizar las futuras conductas secesionistas sin tener que organizar manifestaciones públicas. Es decir, de momento no gritan porque han conseguido sin gritar, no solo desmontar la Sentencia del Tribunal Supremo con la supresión del delito de sedición y la suavización del delito de malversación, sino conseguir que en un futuro escenario idéntico no pueda combatirse la cosa penalmente y por tanto no haya miedo alguno en los promotores de la independencia institucional del Estado Español. Es tristísimo que el trato del Estado, que busca reconvertir el independentismo catalán en una especie de PNV, lo que pueda es haberlo potenciado por haber despenalizado las futuras acciones institucionales independentistas. Quizá no haya otro remedio que la vía vasca, un concierto económico especial con Cataluña, que es lo que tiene al independentismo vasco calladito. Aun no puedo juzgar con rigor y deseo con toda esperanza que tanta buena intención democrática del Gobierno central haya hecho mella en el corazón independentista y renuncien a un ideal político que no promete mejor economía y sí mayor conflictividad social.

*Abogado

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