La burla

Para ser alguno de los pocos actos de rebeldía civil e independencia intelectual, en este tiempo de entretenimiento, manipulación y partidos disciplinados, me ha parecido que ha pasado un tanto desapercibido y con escasa repercusión mediática, el manifiesto que hace unos días publicó la Asociación para la Defensa de los Valores de la Transición, integrada por personalidades de una amplia y reconocida trayectoria profesional, que desde la pluralidad ideológica y altas responsabilidades, se han puesto de acuerdo para este público llamamiento en rechazar las reformas legales del Código Penal que el Gobierno del país promueve en claro desarme del Estado de Derecho y sometimiento al chantaje del independentismo catalán y los filoetarras vascos de EH Bildu. Perversión del Código Penal justificado oficialmente con gruesas mentiras de «desinflamación del conflicto catalán» y de presuntas exigencias de homologación del derecho europeo que los autores del manifiesto tildan de burlas, cuando los condenados por los hechos de 2017 declaran de forma insistente que volverán a intentarlo. Pactar las normas con los delincuentes como se ha hecho, para que les resulte gratis si vuelven a delinquir o se vuelvan a presentar en unas elecciones, no tiene precedentes en un Estado de Derecho ni resulta homologable ni en Europa ni en una sociedad avanzada.

Personalidades de la talla de Fernando Savater, Teresa Freixes, Marcos Peña, Cesar Antonio de Molina, Elías Díaz, Frances Carreras, numerosos ministros de diversos gobiernos y partidos, diplomáticos, catedráticos y hasta más de 200 personalidades y numerosas entidades civiles, advierten de la perversión que supone cambiar los delitos de sedición y malversación al servir de estímulo para atentar contra la Constitución y el ordenamiento jurídico democrático vigente. Dejan constancia de que queda impune la desviación de caudales públicos para realizar actos contra el Estado y la integridad territorial, lo cual es más lesivo aún que el lucro personal, haciéndolo a la carta para beneficiar a los condenados. Y alertan que estas medidas son un desafío al poder legítimo y al orden constitucional. A todo ello, se añade que los independentistas catalanes, para acentuar aún más la burla, siguen incumpliendo las sentencias del Supremo y anuncian que ya tienen pactado con el Gobierno un referéndum o como le llamen, para que algunos catalanes decidan si continúan o se separan del Estado.

Ya hace unas semanas escribía desde esta columna que nunca antes en la historia de nuestro país, los independentistas habían tenido tanto poder, conferido por un Gobierno que accede al chantaje contínuo que privilegia a estos territorios frente al resto, con el único motivo de mantenerse, incluso por encima del interés general y de la propia Constitución, a la vista queda. «Esto es lo que parece», diría García-Page. «Decepción e inquietud, corrupción de la política», añadiría Alfonso Guerra. Como ciudadano y jurista que defiende la legalidad, creo que el momento actual es de una notable gravedad de consecuencias imprevisibles. Sin perder de vista los ataques al sistema de garantías y contrapesos del poder político, como ocurre con el manoseo y control del poder judicial y con el Tribunal Constitucional.

No es un hecho nuevo. Recordemos que durante los dos años de pandemia se suspendió por sorpresa y sin justificación alguna la aplicación de la Ley de Transparencia, se ha gobernado a golpe de Decreto materias legislativas. O se acaba de aprobar una ley del «sí es sí» cuyo texto literal rebaja las condenas penales a los violadores. La pregunta es hasta cuándo seguirá esta «democracia autoritaria» que la llamó Juan Luis Cebrián, y qué podemos hacer desde nuestra libertad y responsabilidad contra esta burla.

 ** Abogado y mediador

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