Constitución y Estado de Derecho

Cualquiera que visita el Capitolio en Washington D.C. comprueba que no existe edificio más alto en la capital norteamericana, porque nada está por encima del poder legislativo que representa la soberanía nacional. Digo esto en los comienzos de diciembre, que siempre son propicios para acercarnos a la conmemoración de nuestra Constitución, aprobada en elecciones democráticas por abrumadora mayoría del pueblo español. Una Constitución que supuso un punto de inflexión en nuestra historia reciente y consagró el régimen de libertades en España.

La Constitución no es una norma perfecta, y en la misma ya se contienen los propios mecanismos para su reforma y mejora. Es cierto que la sociedad de entonces no se corresponde en parte con la actual, que existen demandas nuevas que no fueron entonces resueltas y que hay aspectos que debieran estar mejor regulados. Pero todo ello, sin perder de vista el consenso político y social con el que se creó, y los resultados de ofrecernos un marco normativo de derechos y libertades inédito hasta entonces en nuestro país y que ha servido de hoja de ruta para el periodo de convivencia democrática más largo y exitoso en nuestra historia común.

Uno de los mayores logros, fue el de proclamar y consolidar como España se constituye en un Estado social y democrático «de» Derecho, que no es lo mismo que un Estado «con» Derecho como pudiera ser cualquier régimen autocrático. Y además, no un Derecho cualquiera, sino aquel que se basa en «la libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo político» que, junto a «la dignidad de la persona», son sus principios y valores fundamentales. Lo que significa que, como ya decía Platón, es mejor el gobierno de las leyes que el gobierno de los hombres. Lo que traducido en el art. 9 de la propia Constitución, se recoge como que «los ciudadanos y los poderes públicos están sujetos a la Constitución y al resto del ordenamiento jurídico». O dicho de otra forma, fuera de la Constitución solo hay barbarie, violencia e impera la ley de la selva. Por eso es tan importante proteger a toda costa la Constitución, como norma garante de derechos y libertades, de la protección social que disfrutamos, de la división de poderes como mecanismo de contrapesos para evitar la tiranía, de la integridad territorial, de la soberanía nacional o de tantas otras materias fundamentales. Por eso están prohibidos en las democracias modernas de nuestro entorno los partidos políticos que sean contrarios a las constituciones de sus respectivos países.

Y digo esto, porque evidencio numerosos y descarnados ataques a la Constitución, cuya salud preocupa cuando conmemoramos su aniversario. Baste comprobar la convocatoria de manifestación contra la Constitución y a favor de la república vasca que están organizando en Bilbao tanto EH Bildu como sus partidarios; la desaparición del delito de secesión que venía a proteger precisamente la subversión del orden constitucional; el ataque a la división de poderes y a la independencia judicial del que nos alerta de forma insistente la Comisión Europea; el cuestionamiento del estado social con los incrementos de las tasas de pobreza en nuestro país; el incumplimiento sistemático de las leyes lingüísticas y de la propia Constitución en Cataluña, en un largo etcétera de claras amenazas que ponen en entredicho y retan el marco de convivencia común de todos. Nunca en los 44 años de nuestra democracia, los partidos independentistas, mucho más allá de la legítima reivindicación de su techo competencial, han tenido tanto poder destructor en nuestro país ante la debilidad de los partidos nacionales y la alarmante indolencia generalizada de la población, unos por hartazgo y desafección y otros por la manipulación a la que se ven sometidos. Por ello, la reflexión de este día ante la efemérides constitucional, en ese clima de confrontación e insulto permanente y de manipulación continua, aunque las Cortes no sean el edificio más alto de la capital, pasa por ponderar el valor de la Constitución como la norma básica del Ordenamiento y exigir su respeto íntegro, por encima del cual no existe nada ni nadie, si queremos garantizar la convivencia libre y próspera que nos merecemos.

* * Abogado y mediador

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