En noviembre de 2017, una niña inglesa de 14 años, Molly Russell, se suicidó. Sorprendidos y atormentados, sus padres investigaron sus redes sociales y descubrieron que, en los seis meses anteriores, los algoritmos ciegos de Pinterest e Instagram (perteneciente a Meta, la antigua Facebook) habían retroalimentado las búsquedas de Molly, que había compartido o guardado hasta 2.000 posts relacionados con el suicidio.
Los padres de Molly denunciaron a estas compañías tecnológicas por su evidente fallo a la hora de controlar las consecuencias de unos algoritmos diseñados para crear adicción, para introducir a sus usuarios en lo que Remedios Zafra llamaría un «bucle invisible». Hace dos semanas, y tras un largo y complejo proceso judicial, con comparecencias telemáticas transatlánticas de un par de ejecutivos de las compañías demandadas, un juzgado de instrucción del Reino Unido ha elevado un brevísimo informe de tres páginas a las autoridades británicas y a las principales empresas de redes sociales, con un título elocuente: Informe para la prevención de futuras muertes.
La relación entre las redes sociales y los suicidios de niños y adolescentes no está completamente acreditada. Una noticia del New York Times mencionaba que, tras más de 226 trabajos de investigación de muy diversa metodología, no se podía afirmar que existiera una evidencia directa de la relación entre los suicidios, la infelicidad adolescente y el uso de redes sociales. No obstante, organizaciones como Save the children sostienen que la probabilidad de que un joven decida quitarse la vida aumenta con el ciberacoso y la violencia digital, que además se da en mayor medida en entornos sociales de renta baja.
Los últimos datos oficiales de suicidios en España, un tema tabú e incómodo, son del año 2020. Se registraron casi 4.000 suicidios, de los que 300 correspondían a jóvenes de entre 14 y 29 años. En nuestro país el suicidio se ha convertido en la primera causa de muerte entre los más jóvenes.
El informe del juzgado de instrucción británico señala cuestiones que todos sabemos: que no había separación en las plataformas entre las partes de adultos y niños; que no había verificación de la edad al registrarse; que el contenido no estaba controlado para que fuera específico para la edad; que los padres, tutores o cuidadores no tenían acceso al material que se estaba viendo ni ningún control sobre el mismo. Son solo tres sencillas páginas, pero pueden salvar muchas vidas.
*Economista | @ebpal
