Córdoba se beneficiará, si se aprueba el proyecto de Ley presentado por el Gobierno esta semana en el Congreso de los Diputados, de unos Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2023 que reflejan un incremento anual del 20% en el dinero destinado a inversión, hasta alcanzar los 169,5 millones de euros para afrontar diversas necesidades de la provincia, algunas de ellas clave para su impulso económico y para la vertebración de su territorio, y otras igualmente estratégicas que son objeto de reclamación desde hace largos años.
Entre las inversiones previstas, destacan las relacionadas con la movilidad y el transporte, con los 40 millones de euros destinados a reforzar la red ferroviaria de cercanías, si bien son bajas las partidas destinadas a la variante Oeste -muy reclamada por el tramo que conectará el parque logístico y el ya terminado centro de convenciones del Parque Joyero con las autovías-, y la destinada a convertir la N-432 en autovía. Hay previsiones de interés, como la que permitirá iniciar las obras de la nueva comisaría de la Fuensanta o, en el apartado cultural, el medio millón de euros para restaurar la Capilla Real de la Mezquita-Catedral. Enumerar las inversiones (Cabril, baipas de Almodóvar, riegos Genil-Cabra, biblioteca provincial, aeropuerto...) sería demasiado exhaustivo, pero baste decir que, aunque haya carencias, si se llevaran a cabo estos proyectos tal y como van a figurar en el papel cuando se aprueben las cuentas estatales la provincia de Córdoba experimentaría un interesante empujón en su desarrollo.
Más allá de entrar en si Córdoba está por debajo de la media andaluza y española (que lo está, pues la inversión media por habitante es de 388 euros en España, de 272 en Andalucía y de 218 en nuestra provincia) lo que llama la atención, y afecta a todos los gobiernos de las dos últimas décadas, tanto populares como socialistas, es constatar cómo se repite un año tras otro la consignación de inversiones muy demandadas por la provincia y que no avanzan: unos años la cantidad destinada es mayor, otros se retrae o desaparece... Un caso sangrante es el de la N-432, en la que la tramitación tuvo que reiniciarse al haber caducado los estudios informativos. Este año se ha publicado el estudio Badajoz-Espiel, un paso relevante, aunque todavía quedan muchos por dar para que esa conexión clave sea una realidad.
Conviene, por tanto, hacer un llamamiento a las administraciones para que extremen la eficiencia en la gestión de esos importantes recursos, que es lo que demanda la sociedad y que debe ser el objetivo de unos presupuestos destinados al desarrollo económico y reforzados por los fondos extraordinarios de la UE.
Es cierto que la trascendencia de los PGE del 2023 va más allá de las inversiones e infraestructuras, pues están definidos por un esfuerzo de gasto enfocado a proteger a los ciudadanos de los efectos de la inflación que, iniciada con la subida de los precios de la energía, se ha trasladado al conjunto de la economía. El gasto social es récord: la subida del 8,5% de las pensiones repercutirá en 170.000 cordobeses, el incremento del Ingreso Mínimo Vital en igual porcentaje a 36.000, se refuerza la prestación contributiva de los parados, cerca de 16.000 cordobeses son usuarios de los abonos gratuitos en media distancia y del descuento en los Avant, hay ayudas al alquiler joven... Todos estos acuerdos, que supondrán un enorme esfuerzo a las arcas públicas, ofrecerán a la ciudadanía un colchón para amortiguar la crisis y deben valorarse en su justo término.
No obstante, sin mejora de las infraestructuras y sin avance en los proyectos estratégicos de Córdoba, la provincia carecerá de palancas para estimular la inversión privada y la actividad empresarial, perdiendo competitividad y capacidad de generar empleo para que la sociedad sea cada vez más autónoma y menos dependiente de las ayudas. Conseguirlo requiere un esfuerzo para que lo presupuestado se ejecute en tiempo y forma, esfuerzo no solo exigible a la Administración central, puesto que muchos proyectos dependen del acuerdo entre administraciones y también la Junta de Andalucía -por mucho que el gobierno del PP sea crítico con las cuentas estatales- y los ayuntamientos deben actuar de forma proactiva para conseguirlo. Y la sociedad estar atenta para exigir que se cumplan las promesas.
