Hoy nos levantamos más decentes, o con la esperanza de serlo porque un colectivo de más de medio millón personas, mujeres trabajadoras que hasta hace nada lo hacían en una condición de segunda clase ven equiparados sus derechos laborales con el resto de los empleados por cuenta ajena. Llevan una lucha de décadas, escuchada y ratificada por el Convenio 189 de la Organización Internacional del Trabajo en 2011, y al que España se adhirió con once años de retraso, en junio de este mismo año por unanimidad en la votación del Pleno del Congreso de los Diputados. En los principios generales es más fácil encontrar el apoyo de todos los partidos políticos, igual que sobre la paz en el mundo o el cuidado de la infancia, pero luego hay que poner negro sobre blanco esas declaraciones, articularlas normativamente y dotarlas de presupuesto.
Esta equiparación de derechos laborales y de protección social con el resto de los empleados, sobre todo, porque obliga a la protección por desempleo, es una de las mayores batallas de estas trabajadoras después de la incapacidad temporal y la cotización por jubilación ya conseguidas, y quedaban como la única profesión excluida del derecho al paro. Una exclusión discriminatoria, como reconoció en febrero el Tribunal de Justicia de la Unión Europea al resolver que contravenía el derecho europeo. El Convenio de la OIT lleva por título la expresión «trabajo decente» y no es más que eso lo que solicitaban ante, reconozcámoslo, la indiferencia de muchos que necesitábamos de ese trabajo de cuidados imprescindibles para que la máquina siga engrasada y en funcionamiento. Una equivocada herencia en la que se mezclaba lo familiar y la nula valorización de este trabajo, invisible de puertas afuera de casa, ha hecho que esta situación fuera consentida por todos.
La reforma laboral que se aprobó el mismo mes en que la justicia europea nos llamó la atención, lo hizo por un voto erróneo de un diputado del PP, y es gracias a ella, que este colectivo pasó a formar parte del Régimen General contributivo de la Seguridad Social. De esta forma entraron en la posibilidad común de cobrar una pensión por jubilación cuando lleguen a la edad originaria o legal. Un voto equivocado, frente a los noes del resto del PP, Vox, PNV, ERC Bildu, Junts, CUP, BNG, UPN y el exdiputado de Ciudadanos abrió esta posibilidad, opacada públicamente por el peso de otras más reconocidas como la contratación estable. Los avances por los derechos sociales solo se logran con decididas reivindicaciones y la sensibilidad de los poderes públicos, aunque nos tengamos que tragar el escenario teatral del «tengo una pregunta para usted».
*Politóloga
