Entre las cifras de la inflación, del combustible o del presupuesto para las vacaciones hay una cifra que ha pasado ciertamente desapercibida: 203,6 millones de euros. Podría ser una cantidad no demasiado elevada si nos referimos, por ejemplo, a la llegada de fondos europeos. O altísima si se tratara del precio de una comida en un restaurante. Pero no es ni lo uno ni lo otro. Hablamos de una multa y el contexto es importante para enmarcarlo en un lado o el contrario.
Esos 203,6 millones de euros es el montante que deben pagar seis constructoras españolas por amañar precios. La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) les ha multado por haber concertado durante 25 años cientos de licitaciones públicas destinadas a la edificación y obra civil de infraestructuras. Es la mayor sanción que ha impuesto este organismo, juzguen ustedes si parece suficiente teniendo en cuenta los pingües beneficios que han obtenido durante dos décadas y media del Estado. Porque esas adjudicaciones las realizaba la Administración pública y, por tanto, todos nosotros con nuestros impuestos.
Según concluye la CNMC, las empresas se reunían periódicamente para analizar el pastel público de esa semana y repartirse las porciones. Tú este hospital, yo esa carretera. Incluso pactaban la conveniente UTE si consideraban que así asegurarían la adjudicación. Una vez acordados los términos del contrato verbal, los seguían a pies juntillas. Nadie se canteaba. Sabían que así tendrían el camino libre de determinada competencia. Porque las grandes cifras las movían estas seis constructoras. Sus logos colgaban de prácticamente todos los carteles de las obras públicas.
Resulta que algunas de esas firmas ya habían sido multadas por formar cárteles similares en otros ámbitos. Queda claro que no aprendieron la lección. Se supone que una sanción debe servir para hacer reflexionar a su autor, del error, del incorrecto comportamiento, del equívoco que no debería repetir. Parece que no ha sido así. Es más, les sirvió de incentivo para ver que los pros, aunque les pillaran, seguían siendo más que los contras, el beneficio era mayor que la pérdida y la recompensa más importante que la multa. Y lo más triste es que así seguirá siendo. No hay nada que invite a pensar lo contrario.
Porque la Administración podría dejar de contratar con ellas pero pueden recurrir, así que es probable que el proceso se dilate y quién sabe si llegará a algún puerto que les pase factura de verdad. Mientras, continúa la especulación, el monopolio y la corrupción. Pero como dice algún líder sindical, que nos dejen disfrutar del verano. Ya llegará el otoño.
* Periodista
