Tras los desastrosos resultados del Partido Socialista en las elecciones andaluzas y ya sin elecciones a la vista, salvo sorpresas mayúsculas, al menos hasta mayo del año que viene, Pedro Sánchez se dispone a encarar el tramo final de la legislatura. En la agenda tres prioridades que en tan solo una semana ya se han visualizado: la primera, amarrar la mayoría parlamentaria; la segunda, gestionar la escalada de precios para tratar de evitar el riesgo de estanflación; y por último, potenciar la política exterior, la gran baza que culminará con el semestre de presidencia española del Consejo de la Unión Europea de junio a diciembre de 2023.
El primer paso para reforzar el bloque de la investidura fue la reunión entre el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, y la ‘consellera’ de Presidència de la Generalitat de Catalunya, Laura Vilagrà, para tratar de rehacer la confianza entre socialistas y republicanos, muy maltrecha desde el estallido del caso Pegasus, una reunión que fue el preludio de la que mantendrán los presidentes en julio y en la que ERC explicitó la demanda de avanzar en la desjudicialización de las causas del ‘procés’, empezando por la reforma del Código Penal y la renovación del Tribunal de Cuentas.
La ley de memoria histórica ha sido el terreno que ha permitido granjearse el apoyo de Bildu, por un lado, gracias a la ampliación del periodo de aplicación de la ley hasta 1983, lo que permitirá perseguir las vulneraciones de derechos humanos por parte de los cuerpos policiales, lo que equivale a incorporar a los GAL, y también del PDECat. Por otro, a través de la declaración de ilegalidad del régimen surgido del golpe de Estado de 1936 y de la nulidad de las resoluciones de los tribunales franquistas por razones de políticas o de conciencia. Incluso la aprobación de la ‘ley trans’, a pesar de la oposición de parte del feminismo y de parte del propio PSOE, ha de interpretarse como un gesto de complicidad con Podemos, al igual que también ha de interpretarse en esa clave el futuro impuesto a los beneficios extraordinarios de las eléctricas.
Esta es precisamente una de las medidas aprobadas el pasado sábado por medio de un Consejo de Ministros extraordinario con las que el Gobierno pretende contener la escalada de precios, que según acabamos de saber se ha situado en junio en el 10,2%, una cifra nunca vista desde 1985, y con las que se persigue reforzar el flanco izquierdo con un discurso en el que Sánchez reivindicó el suyo como un Gobierno «muy incómodo para determinados intereses económicos» y que sabe muy bien «para quién gobierna». Así se incluyen ayudas directas a trabajadores, autónomos y desempleados; rebaja sustancial del precio del transporte; rebaja del 5% del IVA de la factura eléctrica; el mantenimiento de la bonificación al carburante, unas medidas que difícilmente revertirán el exceso de gasto anual de las familias cifrado entre los 500 y los 800 euros. No hay recetas mágicas pero se le puede echar la culpa a los cortes del suministro de gas provocados por la guerra de Ucrania, aunque la inflación estuviese desbocada mucho antes.
Es sabido que cuando hay dificultades a nivel interno la política internacional es un recurso muy socorrido para los gobiernos. Y el calendario, además, es muy propicio para los intereses del presidente del Gobierno, tanto si opta a la reelección como si su siguiente paso es hacer política en instituciones internacionales. La cumbre de la OTAN que se ha celebrado en Madrid, de cuyos resultados va a depender el futuro rumbo de la Alianza, es un perfecto expositor aunque se esté viendo empañado por la gestión el asalto a Melilla, con un argumentario por parte del presidente del Gobierno que contradice su giro izquierdista y le supone un nuevo desgarro con Podemos. Sin embargo, será sobre todo la presidencia española de la UE el segundo semestre una oportunidad para el lucimiento del presidente, sean cuales sean en ese momento sus expectativas. El riesgo está, ante los malos augurios, en desatender la política interior y fiarlo todo a la carta de la política exterior y acabar convirtiendo la agenda personal en la agenda de un país.
