Como siempre, buscando un libro cogí otro que hacía años leí: ‘En el límite. La vida en el capitalismo global’. Sus autores, dos pensadores británicos: Anthony Giddens, que fue rector en la London School of Economics y Will Hutton entonces director del importante dominical ‘The Observer’. El libro recoge la opinión de un grupo multidisciplinar de importantes pensadores y editores del mundo, entre ellos el español Manuel Castells, sobre el tema de la globalización. Los autores, tras la caída de la Unión Soviética y la aparición de un capitalismo mas duro, sin rival, lo que Edward Luttwak llamó turbocapitalismo, en contraste con el de años anteriores más controlado, hacen un recorrido por los grandes temas de la globalización. Giddens, con anterioridad, había propuesto en política la conocida 3ª vía, en la que se inspiró Tony Blair y que era, realmente, una renovación de la socialdemocracia.
En España, creo, tuvimos una opción de nuestra propia tercera vía, me refiero a las elecciones generales de 2019 en que una coalición PSOE-CS hubiese tenido mayoría absoluta. Eran las opciones más moderadas, teóricamente centro-derecha y centro-izquierda, y las más votadas . Lo normal, y lógico, sería que hubiesen gobernado ellos, pero no fue así. Albert Rivera, a solo 9 diputados del PP, optó por una coalición con Pablo Casado, dando el gobierno de cuatro Comunidades al Partido Popular donde la lista más votada fue el PSOE y este, para gobernar España, pactó con nacionalistas y partidos situados a su izquierda.
El resultado fue la división del país en dos bloques: el Partido Popular giró hacia su derecha (Vox) y el PSOE hacia su izquierda. Alguno, cuando no gobierna la lista más votada y según sea su color, les llama gobierno de perdedores o gobierno ilegítimo. Falsa y maliciosa calificación pues todos esos gobiernos, el nacional y los autonómicos, son legales y votados por españoles, aunque a la mayoría de los españoles, creo, no gustase el giro hacia los extremos. Traigo a colación lo anterior, para comentar algunos aspectos del sistema oligárquico español de partidos y lo que puede suponer para nuestra democracia: una sola persona puede decidir lo que afecta a millones de ellas, sin contar con ellas.
El artículo 6 de la Constitución Española dice que los partidos políticos expresan el pluralismo político, que son instrumentos fundamentales para la participación política y que su estructura interna y funcionamiento deberán ser democráticos. Tan fundamentales son qué podemos decir que esto es una partitocracia, expresión peyorativa que viene a indicar la suplantación de la voluntad del pueblo por los partidos políticos. En ellos manda una oligarquía, y la elección de dirigentes y componentes de las listas electorales no es sino un proceso endogámico en el que los afiliados cuentan poco. A este respecto Alejandro Nieto comenta que si un extranjero recién llegado a España leyese por primera vez la Constitución Española creerá, lógicamente, que los ejes del sistema político español son la Monarquía y las Cortes, pero en cuanto lea los periódicos comprobaría que las cuestiones importantes están en otro lugar: las autonomías y los partidos políticos. A estos últimos, sin embargo, dedica un solo artículo la Constitución.
Así pues, la acción de los partidos políticos, como agentes constitucionalmente reconocidos en la formación y funcionamiento de la representatividad política, tiene vital importancia en el sistema democrático español. Los partidos, todos, solo tienen un objetivo: ganar las elecciones y, una vez en el poder, mantenerse en él. Poca ideología, pocas ideas, las Cortes se han convertido, se oye constantemente, en un foro tabernario. Este tema, los partidos políticos, tiene abundante bibliografía y comentarios en prensa, no obstante, por su importancia y como simple ciudadano, me permito hoy comentar algunas facetas del mismo. En primer lugar decir que, a pesar del importante cometido que tienen en la representatividad política los partidos políticos, su figura no está suficientemente regulada. Su protagonismo en las instituciones democráticas es tal que, como dice el profesor de Derecho Constitucional Miguel A. Presno, tras ocuparlas de hecho y ponerlas a su servicio, han pasado a su progresiva ocupación de derecho.
Una de las distorsiones más conocidas y comentadas en prensa y tertulias son las «cuotas de partido» en instituciones tan importantes como el Tribunal Constitucional, el Tribunal de Cuentas o el Consejo General del Poder Judicial. El acuerdo para el nombramiento de sus miembros depende de los grupos parlamentarios que, a su vez, reflejan los acuerdos tomados, previamente, por los partidos políticos. La selección de vocales se hace de acuerdo con afinidades ideológicas. Como suele decirse para ejemplo vale un solo botón: tres años sin acuerdo para renovar mandatos en el Consejo del Poder Judicial. ¿Acaso los desencuentros de los dos grandes partidos para la renovación del Consejo se producen por su pasión en defender los intereses públicos nombrando al mejor o, más bien, por nombrar consejeros afines a su ideología? Asunto muy grave y que demuestra una gran irresponsabilidad.
Otros temas como la financiación, el transfuguismo, el sistema oligárquico de funcionamiento, la falta de protagonismo de diputados y senadores, las listas cerradas, la falta de autonomía en las organizaciones territoriales, la corrupción y el clientelismo que propugnan, la formación de una clase de profesionales de la política sin ideas ni ilusiones, y tantos otros, han llevado a la situación de descrédito actual de los políticos y, lo que es peor, a debilitar la confianza del pueblo en las instituciones, en los titulares de los oficios públicos y eso es muy grave.
Ser político, dedicarse a hacer política debe ser por vocación, como ser religioso. Un político como un sacerdote o religioso que lo fuera solo para vivir de ello sería decepcionante, engañoso. Cuanto mejor y más representado se encuentre el ciudadano mayor confianza, estabilidad y funcionamiento habrá en la democracia española. Los políticos no deben olvidar que son simples gestores del pueblo que los elige, pero el objeto de la gestión (la cosa pública) es propiedad del pueblo, y su fin no es otro que gestionar y administrar los intereses del pueblo de un modo eficiente, honrado y digno porque, como decía Platón, ningún Estado puede exigir obediencia si no se merece respeto.
*Administrador Civil del Estado jubilado
