No ha sido una legislatura fácil para el Gobierno del presidente Moreno Bonilla. Y no sólo por la pandemia, sino por las circunstancias en las que ganó en 2018 y por ser la primera alternancia en Andalucía en 40 años de democracia.
En principio, el gobierno del presidente Moreno iba a ser un gobierno débil. Básicamente, porque, en las elecciones del 2 de diciembre de 2018, el PP había perdido 300 mil votos (un 29%) y 7 escaños, dándole a Ciudadanos casi 150 mil y otros tantos a Vox (396 mil totales, un 10% de apoyo y sus primeros 12 escaños). Aún así, Juanma Moreno fue capaz de muñir un acuerdo con Juan Marín y, al mismo tiempo, pactar el apoyo externo de Vox, logrando un gobierno de coalición en minoría, o sea, débil. Y, sin embargo, y es un tanto a su favor, el gobierno ha funcionado como tal. En gran medida, y sobre todo, por la calidad de los consejeros y un liderazgo del presidente Moreno, con la ayuda de Bendodo y la bonhomía de Marín, que lo ha hecho crecer hasta olvidarse de su propia debilidad.
Con un gobierno débil, y con solo la ilusión del cambio, el presidente Moreno se tenía que enfrentar a dos tareas complejas: modernizar un «régimen» y empezar a resolver los problemas estructurales de Andalucía. Dos tareas íntimamente unidas, pues del éxito de la primera depende parte de la solución de los segundos.
Modernizar un régimen. Una tarea necesaria, pues la Junta, como casi todas las comunidades autónomas, es más una maquinaria de influencia y apoyos, una burocracia rígida y antigua, dominada por los sindicatos, que una Administración eficaz en la prestación de servicios y en el desarrollo de derechos. Dotada con más de 260.000 personas, lo que supone más del 8,3% del total del empleo andaluz (frente al 7,4% de la media de todas las comunidades o el 6% de Madrid o Cataluña), la Junta de Andalucía se justifica a sí misma por una producción normativa que es más del 15% de las regulaciones autonómicas y que afecta a casi cualquier aspecto de la actividad económica o social en la Comunidad. Nada se puede mover en Andalucía sin la Junta. Eliminar la normativa redundante, aplicar las directivas de simplificación administrativa y racionalizar la gestión de la propia administración ha sido una de las tareas, iniciadas, pero no completadas, del Gobierno saliente. Una tarea en la que queda mucho por hacer.
Para abordar los problemas estructurales de Andalucía, a saber, una tasa de paro diferencial de casi 10 puntos, una mayor tasa de abandono escolar, una mayor tasa de pobreza, etcétera, el Gobierno de la Junta se concentró en la puesta en marcha de iniciativas estratégicas, cuyo resultado está en el aire. Y es que, a los pocos meses de estar en el poder, el Gobierno del presidente Moreno se tuvo que enfrentar a la pandemia. Un problema que abordó con la misma incertidumbre y desconocimiento que los demás, pero que han sabido capear con mayor éxito que la media. Andalucía ha sido de las comunidades autónomas con menores tasas de infectados, colapso hospitalario y fallecimientos, al tiempo que ha sido de las que mejor desplegó la vacunación y menos ha sufrido la recesión económica.
No ha sido fácil la legislatura y, por la excepcionalidad de los dos años de pandemia, puede parecer que la cosecha lograda es escasa. Y, sin embargo, creo que el Gobierno del presidente Moreno lo ha hecho razonablemente bien, cometiendo pocos errores, pero que su mayor éxito no está en lo hecho, sino en hacerse a sí mismo, en pasar de ser un gobierno débil, a ser una posibilidad real de gobierno en Andalucía.
Y, aunque solo fuera por eso, porque «ha apuntado maneras» en esta legislatura, y porque tiene buenas formas (lo que es de agradecer) y porque los socialistas se están radicalizando innecesariamente, soy de los que van a darles una nueva oportunidad al PP. Eso sí, espero que en una legislatura menos difícil.
